Los registros de la UCO del 'caso Mascarillas' sacan a la luz contratos amañados, dinero y hasta armas
Los resultados de los registros efectuados por la Guardia Civil en la Diputación de Almería, así como en las viviendas y empresas de los dirigentes del PP involucrados, avivan el escándalo.
El expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, y el exvicepresidente, Fernando Giménez (a la izquierda) en un pleno.
La segunda fase de la investigación del 'caso Mascarillas' ha sacudido la Diputación provincial de Almería, tras las detenciones de sus máximos dirigentes del PP, el ahora expresidente de la institución, Javier Aureliano García, y el exvicepresidente Fernando Giménez, entre otros implicados. Todos ellos están bajo la sospecha de presuntos amaños de contratos públicos y el cobro de 'mordidas' que van saliendo a la luz a raíz de los registros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Después de conocer las escandalosas conversaciones que mantenían por WhatsApp los detenidos, donde usaban un lenguaje en clave que hacía referencia a tratamientos odontológicos como "sacar muelas", "esperaba poder ir al dentista" o "te vas a poder cambiar la piñata entera" para hablar de esos contratos, ahora llega el resultados de los registros en las viviendas y empresas, que podrían confirmar lo presuntos delitos que investiga el juzgado de Instrucción número 1 de Almería.
Y es que la UCO localizó durante los registros realizados en empresas de Fines (Almería) documentos de contratos de obras públicas con apuntes sobre los presuntos amaños que debían realizarse para la adjudicación a empresas investigadas en la trama, que de este modo se habrían beneficiado por supuesta mediación del exvicepresidente tercero y exdiputado de Fomento, Óscar Liria, de fondos de recuperación del covid-19.
La trama entre el exalcalde de Fines, su hijo y el responsable de Fomento
El atestado derivado de los registros realizados el pasado 18 y 19 de noviembre revelan el uso instrumental que se habría dado a la empresa OYC, controlada por el exalcalde de Fines Rodrigo Sánchez y su hijo para conseguir contratos de la Diputación, al menos, desde noviembre de 2018 mediante invitaciones realizadas desde el Área de Fomento controlada entonces por Liria.
Según consta en el informe policial, los agentes localizaron varias de estas invitaciones dirigidas a la mercantil para hacerse con obras del Plan Acelera 2020, creado para la recuperación económica tras la pandemia, con "anotaciones manuscritas con las bajas que deberían efectuar en cada caso: 2%, 4% y 5%".
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Los agentes señalan que estos y otros contratos podrían de manifiesto "la impartición de instrucciones por parte de Óscar Liria en materia de contratación pública" hacia la sociedad que era controlada por los que también son su tío y su primo, quien atesoraba algunos de estos documentos en empresas distintas a OYC.
Algunos de los documentos atestiguan además las conversaciones de WhatsApp entre Liria y su primo intervenidas por la Guardia Civil. Entre ellos, figura una invitación para realizar una obra en Los Gallardos con cargo al Plan Acelera, cuyo plazo para presentar ofertas por una actuación de 40.000 euros acababa el 26 de noviembre de 2020.
Cruce de mensajes
Sobre la misma, y conforme al volcado de los teléfonos, el primo de Óscar Liria le pedía a este que le morase el plazo. "Mírame Los Gallardos y Fines porfa. Que de Los Gallardos es el último día. Borro mensajes", le transmitía al exdiputado provincial, quien finalmente le indicaba: "Los Gallardos pasa. Voy a ver si aclaro el lío que han montado". Al respecto, el documento presenta la anotación 'NADA.Rodri".
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) en el domicilio de uno de los detenidos por el 'caso Mascarillas'.
El informe policial da cuenta del cruce de mensajes desde noviembre de 2019 entre Liria y el entonces alcalde de Fines sobre invitaciones para posibles contratos de obras y servicios, entre los que figura uno para alquiler de maquinaria en el Valle del Almanzora por 18.000 euros para el que la empresa carecía del material necesario.
El inicio de una dinámica que se prolonga en el "tiempo"
En este sentido, y conforme a la documentación examinada por la UCO, la sociedad OYC se sirvió de otra empresa, la mercantil GESA Andalucía 2004, para efectuar el contrato. Esta última empresa tenía en ese momento como titular al hijo del alcalde y primo de Liria.
Pese a todo, la propuesta de adjudicación a favor de la empresa investigada en la trama se consideró "acorde" para las necesidades, para lo que se apelaba a un informe emitido por C.G.S., el funcionario detenido hace una semana, quien era jefe de la Sección de Apoyo Técnico y Maquinaria. Dicho informe, no obstante, no consta en el expediente intervenido por la UCO.
Los agentes sitúan este primer contacto como "el inicio de una dinámica que se habría prolongado a lo largo del tiempo" bajo el control por parte de 'Los Rodrigos' de la empresa OYC y a través de "la adjudicación fraudulenta de contratos públicos aprovechando las capacidades en materia de contratación pública" de Liria.
Dinero en efectivo, móviles y armas
La decena de registros realizada por la UCO entre el 18 y 19 de noviembre en las viviendas particulares, sedes de empresas y el Palacio Provincial de Diputación permitió a los investigadores incautarse en total de 20.270 euros en efectivo, diversos teléfonos móviles de alta gama y una pistola detonadora en una vivienda del exvicepresidente segundo de Diputación, Fernando Giménez.
El arma que fue hallada en la vivienda situada en Retamar fue intervenida por los agentes, quienes apuntan su naturaleza "presumiblemente prohibida", por lo que se acordó informar a la autoridad competente para "su valoración y la adopción de medidas".
También se localizaron en la sede de la empresa GESA Andalucía 2004 vinculada al exalcalde de Fines cinco escopetas, de las que se constituyó un atestado aparte ante un supuesto delito de tenencia ilícita de armas.
Del conjunto del dinero hallado, 7.620 euros se localizaron en la vivienda de la hermana del expresidente de la Diputación con una anotación a mano de color rojo que indicaba "Es de Javier Aureliano" y que, conforme a la declaración de la investigada, procedía del rendimiento de alquileres de pisos.
En la vivienda del expresidente no se localizó dinero en efectivo pese a que la investigación llama la atención la disponibilidad que García tenía del mismo. El resto del dinero se localizó durante los registros practicados en Fines, uno de ellos en el domicilio del hijo del alcalde.
De igual modo, la trama se hizo con decenas de teléfonos móviles --muchos de ellos de alta gama--, discos duros, ordenadores y tablets, cuyo volcado fue autorizado por el juez instructor Eduardo Martínez Gamero, en su auto de entrada y registro dictado un día antes de la explotación policial.