La Fiscalía archiva la denuncia de Amama y respalda la versión de la Junta de Andalucía
La asociación de mujeres sevillana y el Defensor del Paciente habían denunciado el supuesto borrado o alteración de pruebas diagnósticas, mientras el Gobierno andaluz defendía que era "imposible".

La presidenta de la asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), Ángela Claverol.
La crisis por los fallos en el cribado en el cáncer de mama en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se va resolviendo, por un lado, con la realización de las pruebas a las afectadas por los retrasos (2.317 mujeres) y, por otro, en los tribunales como consecuencia de las denuncias presentadas por la asociación de mujeres con cáncer de mama, Amama, de Sevilla.
Sin embargo, el colectivo ha recibido un varapalo de la Fiscalía Provincial de Sevilla que ha decidido archivar la denuncia presentada por Amama, a la que se sumó el Defensor del Paciente, por la "supuesta desaparición" de pruebas médicas en el SAS "al confirmar la integridad de los datos". La Sección de Criminalidad Informática ha descartado la comisión de delitos de descubrimiento de secretos o daños informáticos tras una "auditoría técnica".
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Los "fallos" en la visualización de pruebas en ClicSalud+ que denunciaron Amama, así como algunos partidos políticos de la oposición, como Por Andalucía, que utilizaron públicamente el asunto, se debieron "a una saturación de los servidores por exceso de demanda, sin que se produjera borrado ni alteración de los historiales clínicos", tal como sostuvo el Gobierno andaluz que preside Juanma Moreno, que insistió en que era "imposible" ese borrado de datos.
Una avalancha de peticiones
Al respecto del caso, la Fiscalía ha explicado que la investigación por parte de la Sección de Criminalidad Informática, iniciada el pasado mes de octubre, tenía por objeto esclarecer si los fallos en el acceso a pruebas diagnósticas (mamografías y ecografías) a través de la aplicación ClicSalud+ y el sistema Diraya respondían a "un borrado intencionado o a un acceso ilícito" a las bases de datos del SAS.
Tras "analizar los informes técnicos" del SAS y las "pesquisas" de la Unidad de Policía Judicial, el Decreto de fecha 26 de noviembre de 2025 concluye que no hubo "ni saturación del sistema, ni manipulación interna ni sabotaje externo". La caída del servicio de visualización experimentada en octubre fue "provocada por una avalancha de peticiones" que saturó el módulo de 'Visor para la ciudadanía'. "Se ha determinado que este incidente tuvo un impacto exclusivamente operativo en la visualización externa, sin afectar a la integridad, autenticidad o trazabilidad de los registros clínicos alojados en los servidores centrales", subraya la Fiscalía.
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Las auditorías realizadas sobre los historiales de las pacientes denunciantes confirman que "no se han producido modificaciones, supresiones ni accesos no autorizados en sus expedientes médicos". Los registros de seguridad "demuestran" que la información se mantiene "íntegra y coincidente con los protocolos asistenciales".
Sobre la polémica mamografía que sacó Por Andalucía
Respecto a la denuncia específica de una paciente sobre la "supuesta eliminación" de un informe de mamografía y la anulación de una ecografía, que sacó en un pleno del Parlamento la portavoz de la coalición de izquierda Inmaculada Nieto tampoco prospera, puesto que "la investigación técnica ha descartado cualquier manipulación". Los cambios en la programación de pruebas obedecieron a "criterios de gestión clínica y no a una intervención externa o malintencionada", subraya el órgano judicial.

La portavoz del Grupo Por Andalucía, Inmaculada Nieto, enseña la supuesta mamografía alterada en un pleno.
Al "no apreciarse indicios" de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos (arts. 197 y 198 CP) ni de daños informáticos (art. 264 CP), el fiscal delegado de Criminalidad Informática ha acordado el archivo de las actuaciones. La Fiscalía ha recordado, no obstante, que "este archivo se ciñe exclusivamente a los delitos objeto de denuncia y no impide que las personas interesadas puedan plantear sus discrepancias sobre retrasos o reprogramación de pruebas o sobre los criterios médicos aplicados ante la jurisdicción competente o por los canales administrativos habilitados".