Andalucía acelera la tramitación ambiental y gestiona proyectos por más de 30.800 millones

La tramitación ambiental se ha consolidado como un factor clave para el desarrollo de proyectos estratégicos en Andalucía. Ante el fuerte incremento de iniciativas ligadas a la transición energética, las infraestructuras y la agroindustria, la Junta ha reforzado su capacidad de gestión con el objetivo de resolver más expedientes, en menos tiempo y con mayor previsibilidad para la inversión.

Desde 2022 se han resuelto más de 2.600 expedientes correspondientes a instrumentos de prevención ambiental. Al mismo tiempo, los tiempos medios de tramitación se han reducido en 1,5 meses entre 2023 y 2025, pese al aumento de la carga de trabajo. Entre 2022 y 2025 han entrado más de 2.200 expedientes de autorizaciones ambientales unificadas y sus modalidades, lo que refleja un volumen sostenido de actividad.

Los proyectos actualmente en tramitación están vinculados a una inversión estimada de 30.800 millones de euros. Destacan las iniciativas energéticas —generación eléctrica, plantas fotovoltaicas, hidrógeno verde o biogás— junto a actuaciones en transporte, agroindustria, vivienda e instalaciones públicas.

Refuerzo de medios con 100 profesionales más y simplificación normativa

Para responder a este escenario, la Junta incorporará a más de 100 profesionales distribuidos en las ocho provincias andaluzas, con el fin de reforzar las delegaciones territoriales y absorber picos de trabajo sin rebajar las exigencias técnicas ni ambientales.

Además, en el plano normativo, el Decreto-ley 3/2024 ha supuesto una actualización profunda del marco autonómico, con 135 modificaciones que han afectado a más de un centenar de artículos y anexos. Uno de los cambios más relevantes es la creación de la Autorización Ambiental Unificada Simplificada, un procedimiento más ágil para proyectos de menor complejidad, como instalaciones solares fotovoltaicas, líneas eléctricas, actuaciones agroindustriales o carreteras. Desde su entrada en vigor en marzo de 2024, más de la mitad de los expedientes que antes seguían la vía ordinaria se tramitan ya por este sistema simplificado.

Además, las autorizaciones sectoriales integradas dentro de la autorización ambiental unificada se han reducido de 48 a 16, lo que evita duplicidades, reduce requerimientos de documentación y acorta el “ida y vuelta” administrativo.

Coordinación en el ámbito energético

La coordinación entre energía y medio ambiente ha sido especialmente relevante en el sector eléctrico. Desde 2020 se han tramitado 1.467 expedientes de autorización de instalaciones eléctricas competencia de la comunidad, de los que un 59% han requerido autorización ambiental unificada. En los años de mayor entrada de proyectos, especialmente 2022 y 2023, el peso de las renovables ha sido mayoritario.

En relación con los hitos estatales de permisos de conexión, el cumplimiento ha sido del 99% para los expedientes asociados a septiembre de 2022 y del 92% para los de enero de 2023, cifras vinculadas a la tramitación coordinada entre órganos competentes.

Impulso a la digitalización

La digitalización se ha convertido en otra palanca de mejora. De no existir trámites telemáticos en 2019 se ha pasado a 16 procedimientos online en 2025, entre ellos autorizaciones de emisiones de gases de efecto invernadero o comunicaciones de producción de residuos. También se han implantado sistemas de seguimiento interno y cuadros de mando para detectar cuellos de botella y homogeneizar la gestión entre provincias.

A corto plazo está prevista la puesta en marcha de la plataforma HERA, que unificará la gestión de autorizaciones ambientales integradas, unificadas y simplificadas, así como de la evaluación ambiental estratégica. Paralelamente, se refuerza el acceso compartido a información ambiental a través de REDIAM y visores como INDICA.

Nueva ley en camino

Todas estas medidas se enmarcan en la futura Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía, actualmente en tramitación parlamentaria. El texto prevé plazos homogéneos —de entre cinco y seis meses para las principales autorizaciones— y consolida en una sola norma las reformas de simplificación aplicadas desde 2019.

La ley también reordena el papel de los ayuntamientos: 49 categorías de actuaciones que antes requerían calificación ambiental municipal pasarán a tramitarse como autorización ambiental unificada simplificada, y otras 33 se resolverán mediante declaración responsable. Con ello se reducen cargas locales y se agiliza la puesta en marcha de proyectos, manteniendo el control ambiental.