El expolio de la etapa socialista en la Junta sigue saliendo a al luz: 2,2 millones de euros en un ERE con 'intrusos'

El Tribunal de Cuentas ha dictado una sentencia que pone en evidencia un 'expolio' más a las arcas públicas andaluzas de la etapa socialista, un escándalo más de los muchos que protagoniza el PSOE. Concretamente, la Sección de Enjuiciamiento de dicho tribunal ha declarado "la existencia de un alcance causado al patrimonio público de la Junta de Andalucía por un importe total de 2.251.329 euros".

Este perjuicio económico está vinculado a las ayudas sociolaborales a la prejubilación concedidas por la Consejería de Empleo entre los años 2001 y 2010, en relación con el Grupo Dhul, S.L., en el marco del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos. Y la responsabilidad se dirige a los dos exdirectores generales de Trabajo de la etapa en la que gobernaba el PSOE.

En la sentencia, comunicada por el Tribunal de Cuentas, determina que de la cantidad superior a dos millones detectada, 412.805 euros corresponden "al pago, con fondos públicos, de parte de la prima de dos contratos de seguro de rentas de prejubilación destinados a garantizar la percepción de dichas rentas por tres personas ajenas al colectivo de extrabajadores de Grupo Dhul afectados por los despidos realizados por la empresa". De ello se desprende que hubo 'intrusos' que se beneficiaron de esas ayudas.

De nuevo ayudas sin justificación concedidas por exdirectores generales de la Junta

Asimismo, la sentencia considera que se produjo "la concesión de una ayuda directa" a la misma mercantil "por importe de 1.838.523 euros, sin justificación suficiente, destinada a afrontar la devolución de un préstamo concedido por una entidad financiera".

La resolución condena como "responsables contables directos del alcance a las personas que desempeñaron el puesto de director general de Trabajo de la Junta de Andalucía durante el período al que se refieren los hechos enjuiciados". Ellos son Francisco Javier Guerrero, fallecido en 2020, y Juan Márquez, así como a la empresa Grupo Dhul, que podrán aún recurrir la sentencia en segunda instancia.