La jueza del accidente de Adamuz mantiene a los peritos y rechaza apartarlos de la investigación
La instructora descarta que exista un interés directo o indirecto que comprometa la imparcialidad de dos técnicos designados judicialmente en la causa por el siniestro ferroviario del 18 de enero, en el que murieron 46 personas.
(Foto de ARCHIVO) El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, interviene durante una sesión plenaria del Senado, a 12 de mayo de 2026,
La investigación judicial del accidente ferroviario de Adamuz, ocurrido el pasado 18 de enero y en el que perdieron la vida 46 personas, seguirá adelante con los peritos inicialmente designados por el juzgado. La jueza de Montoro que instruye la causa ha desestimado la recusación presentada por una de las partes contra dos de los técnicos nombrados para analizar las circunstancias del siniestro.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la magistrada sostiene en su auto que la recusación de peritos dentro de un procedimiento penal exige algo más que sospechas genéricas o vínculos profesionales remotos. Debe existir, subraya, un interés concreto, objetivable y jurídicamente relevante que pueda poner en duda su imparcialidad.
La jueza no ve conflicto de intereses
La primera recusación se dirigía contra un perito por su relación con una mercantil dedicada, entre otras actividades, a trabajos de peritaje y certificaciones de calidad en distintos proyectos. Una de esas referencias apuntaba a obras vinculadas a los ramales de acceso ferroviario a la nueva terminal de contenedores de Cádiz, adjudicadas en su día a Ferrovial y AZVI.
Sin embargo, la instructora concluye que no hay base suficiente para apartarlo. El auto precisa que el técnico finalmente realizó trabajos para una empresa que no fue adjudicataria de ese proyecto y que no consta una relación de subordinación laboral o dependencia económica respecto de las compañías señaladas.
La jueza va más allá y advierte de una realidad difícil de ignorar: en un sector tan especializado como el ferroviario, exigir peritos con más de 15 años de experiencia y conocimientos específicos implica que muchos de ellos hayan tenido, en algún momento de su carrera, contactos profesionales puntuales con empresas que participan en grandes obras públicas.
Experiencia ferroviaria y vínculos puntuales
La magistrada considera que una intervención eventual, indirecta o tangencial a través de sociedades de las que el perito sea representante o accionista no basta para afirmar que exista un interés directo o indirecto que afecte a su imparcialidad técnica.
Es decir, no todo contacto profesional previo con empresas del sector ferroviario convierte automáticamente a un perito en sospechoso. Para el juzgado, la clave está en acreditar una relación real de dependencia, interés económico o vínculo que pueda comprometer objetivamente su actuación en la causa.
Y eso, según el auto, no se ha demostrado.
También se rechaza la recusación del segundo perito
La jueza aplica el mismo criterio al segundo técnico cuestionado. En este caso, la parte recusante basaba su petición en las manifestaciones realizadas por el propio perito cuando aceptó el cargo.
El técnico explicó que es funcionario de la Junta de Castilla-La Mancha y que, como jefe de la sección de explotación de carreteras, realiza labores de coordinación en la reparación de un puente de la Consejería de Fomento sobre un ferrocarril de ADIF.
Para la instructora, esa circunstancia tampoco acredita una relación de dependencia económica, estatutaria, profesional o laboral con ADIF, como sostenía la parte que pedía su recusación. Tampoco se ha probado parentesco, amistad íntima, enemistad manifiesta o interés directo o indirecto.
La investigación sigue su curso
La resolución permite desbloquear una pieza relevante de la instrucción: la labor pericial. En una causa de esta magnitud, con 46 víctimas mortales y una enorme complejidad técnica, los informes de los expertos serán determinantes para reconstruir qué ocurrió, cómo se produjo el accidente y si existieron responsabilidades.
La jueza deja claro que la imparcialidad de los peritos no puede cuestionarse únicamente por relaciones profesionales puntuales o tangenciales en un sector reducido y altamente especializado. Para apartar a un técnico de una investigación penal hacen falta motivos sólidos, acreditados y jurídicamente relevantes.
De momento, el juzgado no los ve. Y el caso Adamuz, uno de los accidentes ferroviarios más graves de los últimos años, continúa avanzando con los dos peritos dentro de la causa.