La corrupción del PSOE sigue manchando la imagen de Andalucía: 14 ex altos cargos al banquillo

La Audiencia de Sevilla sigue el procedimiento contra un exconsejero de la etapa socialista en la Junta, altos cargos de la misma etapa y varios empresarios por una ayuda de 1,26 millones otorgada "sin control".

El ex alto cargo de la Junta de Andalucía, Francisco Vallejo, a su salida de prisión en 2024.Europa Press

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Los casos de corrupción que dilapidaron las arcas públicas andaluzas siguen aflorando en los tribunales y los investigados son exdirigentes del PSOE que salen a la palestra en plena campaña electoral. En esta ocasión las novedades judiciales llegan desde la Audiencia de Sevilla, que ha desestimado los recursos del exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, que ya fue condenado a prisión, y otros ex altos cargos del Gobierno andaluz por la ayuda concedida a la cooperativa agroalimentaria Cofrutex "sin trámite ni control alguno" que ascendió a un montante aproximado de 1,26 millones de euros.

De este modo se sentarán en el banquillo de los acusados 14 antiguos responsables de la Administración autonómica y tres empresarios por su supuesta participación en hechos "susceptibles de constituir, de forma continuada, delitos de prevaricación administrativa y malversación por la irregular concesión y ejecución de la referida ayuda en forma de aval".

En dos de los autos dictados el pasado 10 de noviembre, facilitados por la Oficina de Comunicación del TSJA, los magistrados rechazan los recursos de apelación contra el auto de fecha 23 de julio de 2025 dictado por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. En concreto, en el auto dirigido al exconsejero se señala que "era coherente concluir de modo provisional que, de forma probable y como miembro del Consejo Rector de IDEA, (Vallejo) tuvo participación activa en los hechos".

Asimismo, el citado auto de la Sección Primera rechaza el archivo de la causa solicitado por el apelante. "Comprobamos que el magistrado de instancia, después de practicar diligencias de investigación, ha concluido que existen indicios de la comisión de los hechos denunciados, de que estos pueden ser constitutivos de delito ejecutado por el recurrente. Hasta el momento, el relato de hechos que incorpora el auto impugnado es perfectamente compatible con los delitos imputados de prevaricación y de malversación de caudales públicos, y no cabe pretender el sobreseimiento de la causa".

De ese modo, "los indicios de que el investigado permitió la concesión del aval citado mediante su participación en la decisión adoptada por el Consejo Rector, sin atención a razones de legalidad y no arbitrarias, resultan de la causa, por lo que no cabe un pronunciamiento de archivo".

Asimismo, el auto recoge que los magistrados cuentan por el momento con "indicios racionales de criminalidad bastantes que apoyan la posibilidad de que recaiga finalmente una condena (...). La consecuencia es que habrá de ratificarse la continuación por los trámites del procedimiento abreviado respecto del recurrente".

El exconsejero andaluz, junto a 17 ex altos cargos, ya estaba procesado por prevaricación tras el rescate de una empresa en quiebra. El pasado mes de septiembre, el juez José Ignacio Vilaplana, en relación a la pieza avales Grupo TPM, Inversiones Plásticas TPM SL, acordó en un auto que no existían motivos para un pronunciamiento que requiere tanta seguridad como es el del sobreseimiento.

El exdirector del Gabinete Jurídico de la Junta tampoco se libra

La Audiencia también ha rechazado el recurso presentado por el abogado de F. R. M, quien dirigió durante tres décadas el Gabinete Jurídico de la Junta en la etapa socialista, con argumentos similares. En otro auto, firmado también el pasado 10 de noviembre, se destaca que "el relato de hechos que incorpora el auto impugnado es perfectamente compatible con los delitos imputados de prevaricación y de malversación de caudales públicos".

"Según el estado de la causa, a fecha del dictado del auto recurrido era coherente con lo actuado concluir provisoriamente que, de forma probable, F. R. M. tuvo participación activa en los hechos".

El auto recurrido describe la responsabilidad que tenía dicho Consejo en la autorización para la concesión por IDEA de un aval propio, y cita al recurrente como partícipe en dicho Consejo "y por tanto en la conformación de la voluntad del órgano colegiado". En este sentido, "la decisión del Consejo fue adoptada sin que se concretara el objeto ni finalidad del crédito que se iba a garantizar, las garantías de devolución del préstamo por parte de Cofrutex o el informe de análisis por parte de la agencia del plan de negocio o plan de viabilidad".

Añade el auto que con su intervención en el Consejo Rector, el apelante "habría facilitado que se dispusiera de fondos públicos como garantía, mediante su vinculación a una operación de préstamo suscrita en beneficio exclusivo de la cooperativa". Esta garantía, según los magistrados, "supuso la liberación de 1.180.000 euros más comisiones, vista la ausencia de abono por Cofrutex del préstamo que habia sido avalado".

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El auto, por último, establece que existen "indicios racionales de criminalidad bastantes que no permiten descartar la posibilidad de que recaiga finalmente una condena".