El juez Vilaplana amarga al PSOE la campaña: investigados 18 ex altos cargos de la Junta por corrupción

Las investigaciones judiciales sobre la gestión de los socialistas en la Junta de Andalucía no han terminado, ni mucho menos. Los escándalos continúan aflorando en plena carrera hacia las urnas que se abrirán el 29 de noviembre, porque el juez José Ignacio Vilaplana ha reactivado la investigación sobre las ayudas públicas millonarias concedidas en la provincia de Jaén al citar como investigados a 18 ex altos cargos y miembros del Consejo Rector de la Agencia IDEA y la Junta de Andalucía.

Entre los citados, según se recoge en el auto, se encuentra un 'elenco' de cargos socialistas, entre los que destacan el exconsejero de Economía Antonio Ávila Cano, los exviceconsejeros Luis Nieto y Justo Mañas, así como el exdirector general de la agencia, Antonio Valverde Ramos. El objetivo es indagar la presunta ilegalidad de los fondos públicos transferidos desde la agencia pública IDEA a la fábrica automovilística Santana Motor para "el pago de anticipos de supuestas ayudas" a 750 extrabajadores de la planta "sin sujeción al procedimiento legalmente establecido y con el consiguiente menoscabo o administración ilícita" de los mismos.

El juez que se encarga de la macrocausa de los ERE no da tregua y persigue en esta causa presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental en el diseño y ejecución del Plan Linares Futuro, con el cual, se eludieron los controles administrativos y la fiscalización de la Intervención General para inyectar de forma continuada decenas de millones de euros procedentes de la partida presupuestaria 72C --destinada al fomento de empresas-- a través de transferencias a la Agencia IDEA.

A su vez, IDEA derivaba los fondos a su filial Incuba mediante ampliaciones de capital, para posteriormente enviarlas a Santana Motor y Fasur, con el objetivo de pagar prejubilaciones e indemnizaciones al margen de las bases reguladoras de subvenciones.

Transferencias de fondos públicos a una empresa "cadáver"

De esta manera, el juez Vilaplana ha descrito cómo la Junta de Andalucía articuló un mecanismo para traspasar fondos públicos a Santana Motor cuando la planta linense ya era un auténtico cadáver financiero, justo después de acordar su liquidación el 29 de abril de 2011. Con posterioridad a la fecha de defunción formal de la empresa, la agencia IDEA llevó a cabo sucesivas ampliaciones de capital de su sociedad filial Incuba que permitieron desviar más de 44 millones de euros hacia la moribunda factoría.

La investigación ha puesto el foco en la opacidad del entramado societario utilizado para entregar anticipos e indemnizaciones a cientos de ex-trabajadores del grupo automovilístico y de sus empresas proveedoras.

El caso salpica al sobrino de Felipe González

Asimismo, la Intervención de la Junta ha advertido de un quebranto a las arcas públicas al detectarse más de 900.000 euros en anticipos no recuperados, pagos a ex-empleados que no resultaron beneficiarios de las ayudas y operaciones de dudosa legalidad, como un préstamo presumiblemente ficticio de 1,5 millones de euros a una asociación vinculada a la mercantil Matresur.

Ante estos indicios, el instructor ha ampliado la instrucción hasta finales de diciembre de 2026 y ha ordenado una batería de diligencias clave, por la que pasarán algunos nombres como el ex jefe del Gabinete Jurídico de la Junta, Francisco del Río o el sobrino del expresidente del Gobierno Felipe González, Juan María González.

Además de tomar declaración a una decena de testigos, entre ellos interventores de la Junta, directivos de Santana y representantes sindicales de UGT y CCOO, el magistrado ha requerido a la Junta y a la Agencia IDEA toda la documentación disponible sobre las partidas presupuestarias utilizadas y los contratos suscritos con el despacho de abogados Garriges.