| 21 de Mayo de 2022 Director Antonio Martín Beaumont

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Los fiscales que han participado en la vista pública de los recursos del Caso ERE en el TS.
Los fiscales que han participado en la vista pública de los recursos del Caso ERE en el TS.

Caso ERE: Todos eran "conscientes" e intentan "eludir sus responsabilidades"

La Fiscalía pide que se ratifiquen las condenas de 2019 contra los expresidentes Chaves y Griñán y argumenta que no es posible que no tuvieran conocimiento de lo que sucedió durante 10 años.

| Manuela Herreros Andalucía

Aunque la resolución del Tribunal Supremo a los recursos presentados por los condenados en el caso ERE no se conocerán hasta pasadas las elecciones, con el fin de no interferir en el proceso electoral, la vista pública ha ofrecido una visión de lo ocurrido en Andalucía con las ayudas de los expedientes de regulación de empleo que manejaban los gobiernos socialistas en la Junta.

Después de conocer los argumentos de las defensas, entre ellas las de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en estos dos días de análisis de los recursos, también la Fiscalía se ha pronunciado y ha pedido al Tribunal Supremo que confirme las condenas impuestas a casi una veintena de excargos de la Junta de Andalucía, incluidos los expresidentes, al ratificar las irregularidades cometidas en el procedimiento de concesión de las ayudas sociolaborales.

Para el Ministerio Fiscal queda probado que "se quiso modificar el sistema de concesión de las ayudas para evitar cualquier tipo de control". Ha asegurado que "son patentes las ilegalidades" cometidas y ha insistido en que "todos eludieron sus responsabilidades" y "eran conscientes de que la partida no era adecuada".

El fiscal Fernando Prieto, después de que las defensas de los condenados por prevaricación y malversación pidieran al tribunal modificar la sentencia y absolver a los condenados, ha explicado que en el año 2000 se produjo un cambio en la presupuestación que, a su juicio, "no tiene ningún tipo de justificación".

"No hay ningún tipo de norma que admita la utilización de la partida de financiación para el pago de subvenciones. Está expresamente prohibido", ha dicho para luego subrayar que en 2010 se volvió al sistema anterior. Para el fiscal, la "única explicación" es que "se quiso modificar el sistema de concesión de las ayudas para evitar cualquier tipo de control".

Además, Prieto ha defendido que "la Consejería de Empleo contaba con crédito suficiente para abonar las ayudas", por lo que considera que "no era necesaria una modificación presupuestaria".

El fiscal tacha los argumentos de las defensas de "cortina de humo"

La Fiscalía ha asegurado que las ayudas concedidas no cumplieron con los requisitos previstos: ni relación de beneficiarios ni justificación de la finalidad pública ni acreditación de cumplimiento de dichas finalidades. "Ni uno solo de los 270 expedientes que obran en la causa cumplieron ni uno solo de los requisitos. No existió ni siquiera procedimiento ni expediente", ha insistido.

Así, el fiscal ha recordado que los técnicos de la Junta de Andalucía examinaron los expedientes. "Todos ellos dicen que era un caos, que no había documentación, que no se había regulado nada", ha señalado.

En este sentido, ha puntualizado que en el periodo que abarca la causa "el número total de expedientes de ERE ascendió a 5.883" y que al no haber "ningún tipo de base reguladora ni de publicidad" era "inviable que cualquier peticionario pudiera acceder".

El fiscal ha reprochado que se decidiera cuantificar las ayudas no por su importe sino por la cuantía que recibía cada trabajador, "a pesar de que la beneficiada era la empresa". "Fue conocido por el Consejo Rector y nada se hizo al respecto", ha dicho tras insistir en que "había un desfase presupuestario".

 

En el marco de su exposición, ha precisado que "todos ellos eran absolutamente conscientes de lo que estaba sucediendo". A su juicio, "eran conscientes de que la partida no era adecuada". Así las cosas, el fiscal ha elevado el tono: "Todos eluden su responsabilidad. ¿Alguien cree que esto es posible? ¿Qué mensaje trasladamos al ciudadano?".

Al hilo, ha insistido en que "no es posible" que esto sucediera durante 10 años y los acusados no tuvieran conocimiento de ello. "Necesariamente tenían que saber. Necesariamente eran conscientes de que se estaba presupuestando mal", ha dicho.

También ha calificado de "cortina de humo" el alegato de las defensas para asegurar que no se trataban de acciones políticas, sino actos administrativos, así como que "todo el sistema era prevaricador" y se creó un "fondo reptiles" del que eran conscientes los condenados.