| 18 de Octubre de 2021 Director Antonio Martín Beaumont

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El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), y el de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, hoy en San Telmo, Sevilla.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), y el de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, hoy en San Telmo, Sevilla.

La alianza entre Juanma Moreno y Ximo Puig revoluciona el tablero autonómico

Suenan tambores de guerra en las comunidades a la espera de una reforma del modelo de financiación que no llega. Los presidentes de Andalucía y Comunidad Valenciana dan el primer paso.

| Manuela Herreros Andalucía

En pocas ocasiones se produce una unión de fuerzas entre políticos obviando su carné de partido. Esto es lo que ha ocurrido este martes entre el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y su homólogo en la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que han dejado a un lado sus siglas de PP y PSOE, respectivamente, para formar una “alianza”. Y es que ambos líderes tienen un objetivo común, dejar de ser las comunidades más damnificadas de toda España por el sistema actual de financiación autonómico.

Así lo han expresado en una rueda de prensa conjunta en el Palacio de San Telmo, sede del gobierno andaluz en Sevilla. Tras una primera reunión que han calificado de “sincera, intensa y fructífera” han acordado pedir un fondo de compensación transitorio de 1.700 millones de euros, hasta que el Gobierno central acometa la reforma del actual modelo.

Moreno y Puig han firmado una declaración institucional y lanzan un mensaje único ante los numerosos medios de comunicación que han seguido la comparecencia, el de establecer una “alianza” y no un “frente” en aquello que les “une y les urge”. Ambos han querido mostrar normalidad en estas relaciones bilaterales y aseguran que deberían ser más habituales.

Para atajar lo que consideran una “hemorragia financiera”, en palabras de Moreno, y para cumplir con este fondo transitorio el Ejecutivo central podría optar por una fórmula similar a la efectuada con los fondos Covid, es decir, atender una urgencia de forma coyuntural, según ha expuesto Puig. “El Gobierno tendrá que hacer un esfuerzo para contener esa hemorragia”, ha afirmado el presidente andaluz, que esto no sería en perjuicio de otras comunidades.

 

Un modelo de financiación caduco

Andalucía y la Comunidad Valenciana se dan la mano para luchar contra el agravio que sufren en una financiación que sirve para garantizar el estado del bienestar, es decir, sufragar servicios competenciales como la sanidad, la educación o en materia social. Un modelo que consideran que ha caducado y que no responde a la realidad, además de frenar las posibilidades de ser competitivos, en igualdad con otras regiones.

Además, ambos territorios defienden el peso que representan en el país, son una tercera parte de la población española, pero sus habitantes reciben menos dinero que los del resto. El presidente andaluz ha cifrado en cuatro millones de euros lo que deja de percibir la comunidad cada día, entre 800 y 1.000 millones al año. Por ello proponen que se aplique el criterio de la población ajustada para buscar ese equilibrio.

Las cantidades que reclaman son de unos 10.000 millones por parte de la Junta de Andalucía y unos 23.000 millones la Comunitat Valenciana, aunque teniendo en cuenta periodos distintos cada una de las administraciones. Pero consideran que no es una insuficiencia financiera que afecta sólo a estas dos comunidades o a Murcia y Castilla-La Mancha, que también se colocan entre las que mayores agravios sufren, es un problema global.

La aplicación del modelo ha puesto de manifiesto desequilibrios y desde 2019 la insuficiencia global de las comunidades autónomas incluidas en el régimen común asciende a 16.400 millones de euros, según han dejado plasmado en el acuerdo institucional que los dos presidentes han firmado.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentará una propuesta de reforma de la Ley en el mes de noviembre, según trasladó su compañera del Gobierno Nadia Calviño el lunes en su encuentro con Juanma Moreno. Sin embargo, existen serias dudas sobre si recoge las reclamaciones.

Moreno y Puig no sólo quieren dinero urgente del fondo de compensación y que se corrija el modelo, sino que el Estado asuma también la deuda generada de estas comunidades por haber estado infrafinanciada. En este sentido, Puig ha aclarado que parte de esa deuda se puede imputar a las decisiones de cada autonomía pero otra parte se ha generado por las decisiones tomadas por el Gobierno central.

Los presidentes autonómicos Moreno y Puig, en la puerta del Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz en Sevilla.

 

Moreno tiende nuevos puentes

El presidente Juanma Moreno quiere colocar a Andalucía como motor económico de España. Esta es la frase que lanza en cada intervención pública. Una meta que está conquistando en algunos asuntos como en creación de empleo y de empresas o exportaciones. Hoy está un poco más cerca del objetivo al unir su discurso al de una de las comunidades más fuertes de España y que está gobernada por un partido distinto.

Una nueva forma de hacer política basada en una mayor autonomía y a la vez cohesión del territorio. Es decir, un sentido federal de España, en el que se persigue la igualdad de los ciudadanos, pero teniendo en cuenta las singularidades de cada región. Moreno y Puig están en este punto en la misma sintonía y ahora el andaluz quiere sumar al diálogo a otras comunidades para trabajar en este sentido. El presidente de la Junta se reunirá la próxima semana con el de la Región de Murcia, Fernando López Miras, éste de su mismo signo político.

Andalucía y Valencia quieren defender también otras iniciativas en beneficio de ambas regiones, las dos más pobladas, la tercera y cuarta economía del país y con fuertes relaciones comerciales. Se consideran “buenos clientes”, como ha afirmado Puig, y una de las bases del crecimiento pasa por proyectos de mejora de las comunicaciones ferroviarias. Reclaman así que se acelere la puesta en funcionamiento de los corredores ferroviarios –Central y Mediterráneo–, el certificado Covid para estimular la vacunación y proyectos interterritoriales de cara a los fondos europeos Next Generation EU.