Malestar en el PSPV por arrebatar un edificio a Castellón para dárselo a Oltra

Los protocolos institucionales disponen de unos formalismos básicos de cortesía a la hora de programar encuentros entre representantes públicos, ya sea para una cumbre, inauguración o una mera conversación. Estos procedimientos suelen correr a cuenta de los anfitriones, que deben preocuparse tanto de pactar los discursos (si así lo desean) como de cuadrar los horarios a fin de evitar cualquier episodio discordante que pueda dar lugar a interpretaciones maliciosas. Aunque en la visita de Ximo Puig a Castellón para presentar las obras del edificio Borrull junto al conseller de Hacienda, Vicent Soler, no se ha producido ni una cosa ni la otra porque, justo a la misma hora, la alcaldesa de la ciudad, Amparo Marco, estaba celebrando el pleno correspondiente del mes de diciembre.

Un hecho que debería de pasar desapercibido si no fuese por el cúmulo de hipótesis que conducen a pensar en una posible contraprogramación de las agendas con el objetivo de evitar una fotografía conjunta. En concreto, Ximo Puig ha celebrado varios actos en la ciudad a lo largo de la jornada, lo que le permitía hacerse con el control de los tiempos para mantener el encuentro antes o después de la sesión plenaria. Pero además, la ausencia de Amparo Marco también servía para escenificar el desacuerdo entre administraciones en torno al edificio Borrull, un inmueble donde la alcaldesa quería crear un nuevo ayuntamiento como proyecto estrella de su legislatura.

La alcaldesa de Castellón, a la greña contra el conseller Soler por la subasta de un solar

 Para ello, Marco solicitó a la Conselleria de Hacienda la cesión en alquiler del edificio, antiguo Palacio de Justicia y que lleva en desuso desde 2006, cuando se inauguró la Ciudad de la Justicia en el PAU Gumbau. Tanto Amparo Marco como Vicent Soler mantuvieron reiterados encuentros desde el 2016 en los que manifestaron su predisposición a firmar un convenio de cesión una vez acordado en la comisión mixta de patrimonio. Hasta que las negociaciones se comenzaron a torcer. 

Desde entonces, el reparto de los costes que supondría la rehabilitación del edificio, la dotación de equipamiento o sus futuros usos ha ido sufriendo múltiples modificaciones. Incluso llegó a plantearse un uso compartido entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Castellón por el cual el 66% se convertiría en estancias municipales destinadas a servicios sociales y el 34% restante estaría a disposición de la administración autonómica. Es decir, que ninguna de las previsiones anunciadas por la propia alcaldesa se han acabado materializando.

Y es que en el proyecto definitivo que ha presentado Ximo Puig, el edificio Borrull albergará en una superficie de 12.455,30 metros las dependencias de la Dirección Territorial de Castellón de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra, entre otros departamentos de la Generalitat. En el transcurso del acto, el jefe del Consell ha asegurado que la actuación, que supondrá una inversión de 14,4 millones de euros, permitirá recuperar un espacio urbano en el centro de la ciudad de Castelló de la Plana y dedicarlo a mejorar la eficiencia de la administración, "orientada al fortalecimiento del estado de bienestar, con recursos de primer nivel tanto para los empleados públicos como para sus usuarios".

No obstante, preguntado si finalmente el Ayuntamiento de Castelló integrará sus servicios sociales en este edificio, ha señalado que le gustaría que también estuvieran "si el Ayuntamiento está dispuesto", aunque ha dicho que respetará lo que decida el consistorio.

Por último, cabe recordar que tras otra de las discrepancias evidenciadas entre Generalitat y Ayuntamiento derivadas de la supuesta salida a subasta de un solar listado en la Comisión de Patrimonio, la última aparición pública de los líderes socialistas autonómico y local, Puig y Marco, se produjo el pasado 23 de noviembre.

En esa ocasión, el lugar fue la Casa dels Caragols con el anuncio del futuro acuerdo, para la construcción del ansiado conservatorio tras otro interminable periplo de conflictos, esta vez con los socios de Compromís, por cuestiones de ubicación.