Rave ilegal en Ciudad Real: denuncias por daños ambientales y fiesteros que se niegan a marcharse

Desde el pasado 31 de diciembre, miles de personas procedentes de toda Europa se han reunido en las proximidades del aeropuerto de Ciudad Real para celebrar lo que se conoce como la 'Big Fucking Party 2025'. Una macrofiesta 'rave' que ha tenido lugar en otras ocasiones en España en provincias como Murcia o Granada.

Gracias a las imágenes que se han podido obtener del citado evento, se prevé que haya cerca de 1.500 caravanas, furgonetas y vehículos aparcados en los alrededores. El ambiente aparentemente es pacífico, salvo el momento en el que los periodistas entran en acción. Los jóvenes no quieren atender a los medios y han expresado que no se moverán hasta el próximo 6 de enero.

Una macrofiesta marcada por las drogas y por la afectación ambiental en la zona. Sin embargo, sorprende la tranquilidad que han mostrado algunos de los alcaldes de la zona, ya que parece que no ven mal todo lo que está sucediendo en los alrededores de su localidad.

"Se oye un poco la música, pero tampoco es algo que moleste demasiado", asegura Cristina Espadas, alcaldesa de Cañada de Calatrava, según recoge La Razón. Una opinión que también comparte Juan Carlos Moraleda, alcalde de Ballesteros de Calatrava, tal y como ha asegurado al citado medio: "El día 31 vimos pasar muchas autocaravanas y vehículos en dirección al aeropuerto, pero aquí no ha habido problemas".

La preocupación va en aumento

La empresa del aeropuerto, Ciudad Real International Airport (CRIA), ha sido la primera en presentar una denuncia por la ocupación del suelo por parte de los organizadores. Un hecho que se suma a la sanción administrativa que recibirán por parte de la Junta y el Ayuntamiento de Ciudad Real al tratarse de una macrofiesta que no cuenta con licencias necesarias para poder llevarla a cabo.

No solo con esto, este evento está teniendo una grave afectación a las aves esteparias de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 'Campo de Calatrava', según recoge El Confidencial. Así lo han denunciado los profesores de la Univerisdad de Castilla- La Mancha tras visitar la zona afectada y comprobar que los altos decibelios afectan a algunas especies.

Ante esta situación, el subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, ha informado de que han desplegado un dispositivo de 170 agentes de Policía Nacional y de la Guardia Civil en la zona. Sin embargo, para el desalojo habrá que esperar, ya que continúan a la espera de una orden judicial para poder hacerlo efectivo. Un suceso que está adquiriendo cada vez más importancia en la actualidad nacional y que, de momento, parece que continuará hasta la fecha límite fijada.