Astray alerta: faltan 45 jueces en Castilla-La Mancha y avisa al Gobierno sobe la Ley de Eficiencia Judicial

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), María Pilar Astray, ha puesto cifras a una realidad que amenaza con colapsar aún más la Justicia en la región: faltarán 45 jueces a partir del 1 de enero, cuando entre en vigor la tercera fase de la llamada Ley de Eficiencia Organizativa impulsada por el Gobierno.

Astray ha sido contundente, la ley que pretende agilizar la Justicia en toda España, 'no cumplirá sus objetivos si no llega acompañada de presupuesto'. Es decir, una reforma sin recursos que, en la práctica, puede nacer muerta.

'Sin plantilla suficiente, la Justicia en Castilla-La Mancha seguirá perjudicada', advierte la magistrada, recordando que el déficit de jueces y medios ya es un problema estructural en la comunidad.

Una ley sin fondos y con más carga

La presidenta del Alto Tribunal castellano-manchego ha recordado que, aunque ya se han implantado las primeras fases de la ley, la tercera fase supondrá una sobrecarga sin precedentes si no se refuerzan las plantillas.

'Esa eficiencia que busca la norma no se logrará si no hay más recursos. Una ley que viene con cero presupuesto hace muy difícil cumplir los objetivos, ha sentenciado.

Astray ha lamentado que, de todas las reclamaciones elevadas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), solo 10 hayan sido consideradas prioritarias y otras 5 'imprescindibles, pero no prioritarias'. La presidenta ha confirmado que se está pidiendo una reconsideración' apelando a la responsabilidad de los poderes públicos.

Astray, con más de 30 años en la carrera judicial, se muestra pesimista ante un cambio real, 'ojalá se diera, pero todavía no lo he visto', reconoce; y además, recuerda que una justicia ágil es garantía de seguridad para el ciudadano, no solo en el ámbito penal, sino también en los conflictos laborales, familiares o colectivos

Puntos negros en infraestructuras judiciales

Más allá de la falta de jueces, Astray ha señalado carencias graves en infraestructuras judiciales. Entre los llamados 'puntos negros', destaca la planta bajo cubierta de los juzgados de Toledo, un espacio ya saturado que no da respuesta al crecimiento de la capital regional. 

Otro caso preocupante es el del Instituto de Medicina Legal de Albacete , donde la falta de un edificio adecuado impide prestar servicios con dignidad. Finalmente, Astray ha reconocido avances en digitalización, aunque advierte de que queda mucho camino por recorrer, especialmente en accesibilidad y en la implantación de la inteligencia artificial para agilizar trámites judiciales.