Page lanza un ultimátum al Gobierno: irá a los tribunales en Navidad si no cambian las reglas del trasvase Tajo-Segura
El presidente de Castilla-La Mancha ha dado un nuevo golpe sobre la mesa en la batalla del agua. Ha advertido al Ministerio para la Transición Ecológica de que su Gobierno acudirá a la justicia para exigir la ejecución de las sentencias que obligan a revisar el actual sistema

El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page
Emiliano García-Page ha puesto fecha límite al pulso que mantiene con el Gobierno central en torno al trasvase Tajo-Segura. Desde Palermo, donde participa en la 16ª Asamblea Regional y Local Euromediterránea, el presidente castellano-manchego ha señalado que su Ejecutivo esperará 'de aquí a Navidad' para comprobar si el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico cumple con su compromiso de actualizar las reglas de explotación del acueducto.
'Nos hemos dado de plazo precisamente de aquí a Navidades para intentar por las buenas, y si no tendremos que acudir a la ejecución de sentencias, pero ya con exigencia de responsabilidades', ha afirmado el presidente autonómico. Según ha explicado, le consta que desde el Ministerio 'están trabajando con los documentos técnicos' y que se han pedido aportaciones tanto a las regiones del Levante como a otras partes implicadas. 'Espero que las hagan desde el punto de vista técnico y científico, no político', ha recalcado.
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Page ha insistido en que la cuestión del agua se ha convertido en un asunto de primera magnitud en los debates europeos y que Castilla-La Mancha está decidida a liderar ese discurso en el ámbito mediterráneo. 'La desalación es probablemente el único futuro para buena parte del Mediterráneo', ha subrayado, defendiendo que el uso racional de los recursos hídricos debe imponerse sobre lo que ha calificado como 'la cultura del agua regalada'.
'El problema es que durante muchísimo tiempo en España se ha preferido el agua regalada al agua desalada, multiplicando por diez las expectativas de un agua escasísima como la del Tajo, y renunciando al agua desalada, que además se ha pagado con fondos europeos por cientos de millones de euros', ha denunciado el presidente.
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En su intervención, Page ha señalado que 'poco a poco' se está imponiendo un relato claro en Europa contrario a los trasvases, donde gana peso la idea del uso razonable del agua y la obligación moral de emplear todas las tecnologías disponibles para garantizar su aprovechamiento. 'La consigna de ‘no a los trasvases’ se abre paso en el debate comunitario', ha añadido, insistiendo en que España debe alinearse con esa tendencia.
Además, el dirigente socialista ha aprovechado su intervención en la Asamblea Euromediterránea para abordar otros asuntos clave, entre ellos la Política Agraria Común (PAC). Page ha avanzado que este foro decidirá una hoja de ruta de las negociaciones que la nueva Comisión Europea mantendrá en los próximos años, con especial atención a los intereses del sur de Europa.
'Un tema capital va a ser el frente que está consiguiendo toda la Europa Mediterránea para defender la PAC, porque lo que está pasando en la Comisión Europea es, desde mi punto de vista, inexplicable', ha advertido. Según el presidente castellano-manchego, el resultado de las últimas elecciones europeas dejó un mensaje claro: 'Consolidar y apuntalar las estrategias a favor del campo, incluso ponderar y modular mejor los ritmos de la transición hacia la sostenibilidad'.
En su opinión, la defensa europea no puede justificar que los países mediterráneos 'queden indefensos en materia alimentaria'. Con esa idea, García-Page ha querido subrayar que tanto el agua como la agricultura 'son pilares estratégicos' para el desarrollo de Castilla-La Mancha y de todo el arco mediterráneo.
A la espera de que el Ministerio mueva ficha, el presidente regional mantiene abierta la vía judicial como instrumento de presión. Si las nuevas reglas de explotación del Tajo-Segura no se aprueban antes de Navidad, el Gobierno autonómico activará los procedimientos legales para exigir su cumplimiento efectivo. Una advertencia firme que reabre el debate del agua en un momento en que la gestión hídrica vuelve a ser una de las grandes fracturas políticas y territoriales en España.