C-LM ultima para marzo la demanda al Gobierno por las normas del trasvase Tajo-Segura

El Gobierno de Castilla‑La Mancha ultima la documentación para presentar en marzo la demanda contra el Gobierno de España por las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo‑Segura, un recurso que busca garantizar el cumplimiento de los criterios técnicos, jurídicos y ambientales en la gestión de los recursos hídricos de la cuenca del Tajo.

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha señalado que la demanda se presentará una vez que el Consejo de Gobierno revise y apruebe los informes que sustentan la acción, en un paso que pretende asegurar que los intereses de la región se vean protegidos frente a decisiones centralizadas que, a su juicio, no respetan los compromisos establecidos en la normativa vigente.

Según ha explicado Gómez, el recurso no busca poner fin al trasvase Tajo‑Segura, sino modificar la forma en que se gestionan los recursos hídricos, garantizando que los caudales y las necesidades ambientales de la cuenca cedente se respeten de manera efectiva. 

La consejera ha denunciado que las recientes modificaciones de las reglas de explotación “no suponen mejoras significativas” y continúan generando un desequilibrio hídrico que afecta a los ríos y a los entornos incluidos en la Red Natura 2000, fundamentales para la conservación de especies y ecosistemas.

La demanda autonómica se centrará en exigir el cumplimiento de lo establecido en la disposición final del Real Decreto de 2023, que fijaba un plazo de un año para presentar una propuesta de modificación de las reglas de explotación ante el Consejo Nacional del Agua. Ese plazo, que venció en febrero de 2024, no se ha cumplido, según el Ejecutivo castellano-manchego, lo que motiva ahora la acción judicial para obligar al Gobierno central a actuar. Gómez ha subrayado que la intención es que las reglas sean “transparentes, sostenibles y respetuosas con la cuenca cedente”, asegurando que los intereses de Castilla‑La Mancha no queden comprometidos por decisiones que prioricen únicamente los trasvases hacia la cuenca receptora.

Además, la consejera ha explicado que los informes que acompañarán la demanda incluyen argumentos técnicos, jurídicos y ambientales, con estudios sobre caudales ecológicos, reservas hídricas, impactos sobre los ecosistemas y posibles alternativas de gestión que permitan un equilibrio entre la disponibilidad de agua y la protección de los ríos. El Ejecutivo regional confía en que estos documentos refuercen su posición ante los tribunales y evidencien que el recurso no se presenta de manera arbitraria, sino como medida de defensa de los intereses de la comunidad autónoma y del medio ambiente.

Por otro lado, la presentación de esta demanda se produce en un contexto de tensión histórica entre regiones, donde Castilla‑La Mancha ha reclamado reiteradamente un reparto equitativo del agua, mientras que comunidades receptoras del trasvase, como Murcia y Alicante, han defendido el abastecimiento a sus territorios agrícolas y urbanos. La acción judicial busca establecer un marco más claro y justo para la explotación del recurso, evitando que la región cedente sufra perjuicios permanentes por decisiones administrativas que, según Gómez, no cumplen con los compromisos legales ni con los principios de sostenibilidad ambiental.

La consejera ha reiterado que, aunque el Gobierno central presente propuestas de modificación antes de la interposición formal de la demanda, Castilla‑La Mancha no renunciará a la acción judicial si considera que las medidas siguen siendo insuficientes. El Ejecutivo autonómico mantiene así una postura firme, defendiendo tanto el interés regional como la necesidad de protección de los ecosistemas de la cuenca del Tajo, mientras se acerca la fecha prevista para formalizar la demanda ante los tribunales.