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Así es la revolución fiscal del PP para Castilla-La Mancha: ahorrar 400 millones a los ciudadanos frente al “infierno tributario” de Page

La reforma integral del IRPF impulsada por Paco Núñez como líder de los populares incluye una bajada generalizada de tipos, nuevas deducciones para familias, jóvenes y autónomos y un ambicioso plan contra la despoblación

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El presidente del PP de C-LM, Paco Núñez 27/4/2026

(Foto de ARCHIVO) El presidente del PP de C-LM, Paco Núñez 27/4/2026Europa Press

Alba Molina López
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El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha llevado al Pleno de las Cortes regionales una de las reformas fiscales más ambiciosas planteadas en la comunidad autónoma en las últimas décadas. Se trata de una modificación integral del tramo autonómico del IRPF que, según los cálculos incluidos en la propuesta elaborada por el equipo fiscal del PP-CLM, permitirá a los ciudadanos ahorrar cerca de 400 millones de euros de forma directa.

La iniciativa pretende marcar un punto de inflexión frente al modelo tributario del Gobierno de Emiliano García-Page, al que los populares acusan de mantener una presión fiscal elevada en una región que, recuerdan, registra algunos de los peores indicadores económicos y sociales de España.

La propuesta, recogida en una extensa enmienda a la totalidad, parte de una premisa clara: Castilla-La Mancha soporta desde hace años una fuerte inflación y una pérdida progresiva de poder adquisitivo que el Ejecutivo socialista no ha corregido mediante la deflactación del IRPF. El PP considera que el sistema actual penaliza especialmente a las rentas medias y bajas y plantea una reforma “real” del impuesto para adaptar la tributación a la situación económica actual.

Nueva fiscalidad PP de Castilla-La Mancha

Nueva fiscalidad PP de Castilla-La Mancha

El núcleo de la reforma pasa por una rebaja generalizada de los tipos autonómicos del IRPF. El PP propone reducir hasta en dos puntos los tramos del impuesto y deflactar toda la escala autonómica para compensar el impacto de la inflación acumulada.

La propuesta fija un tipo mínimo del 8,5 % frente al 9,5 % actual y un máximo del 20,5 % frente al 22,5 % vigente. Además, reestructura completamente los cinco tramos de tributación para ajustarlos al incremento del IPC registrado desde junio de 2023 hasta diciembre de 2025, que el documento cifra en un 10,65 %.

Según el análisis del PP, esta modificación supondría un alivio fiscal inmediato para miles de familias trabajadoras, autónomos y pensionistas, especialmente en un momento de elevada inflación y aumento del coste de vida. Los populares sostienen que Castilla-La Mancha “es la región donde más cara cuesta vivir en términos de renta e inflación”, una situación que contrasta con el discurso económico del Gobierno socialista.

La reforma no se limita únicamente a la rebaja de tipos. El documento incorpora una ampliación masiva de deducciones fiscales dirigidas a familias, jóvenes, personas mayores, contribuyentes con discapacidad y residentes en zonas rurales.

Algunas de las medidas más llamativas son el incremento de las ayudas fiscales por nacimiento o adopción de hijos, que pasarían de los actuales 100 euros a 500 euros por hijo; el aumento de las deducciones para familias numerosas, que podrían alcanzar hasta 4.500 euros en determinados supuestos; o la multiplicación de las deducciones por discapacidad, que pasarían de 300 a 3.000 euros.

Nueva fiscalidad PP de Castilla-La Mancha

Nueva fiscalidad PP de Castilla-La Mancha

El PP también plantea reforzar de forma notable las deducciones relacionadas con la vivienda. La propuesta contempla duplicar las ventajas fiscales para alquiler y compra de vivienda habitual, ampliar la edad de acceso hasta los 40 años y mejorar los beneficios fiscales para jóvenes, familias numerosas y municipios en riesgo de despoblación. En algunos casos, las deducciones por alquiler podrían alcanzar el 40 %, mientras que las ayudas vinculadas a guarderías en zonas despobladas llegarían hasta el 70 % de los gastos soportados por las familias.

Otro de los pilares de la reforma es el impulso al medio rural y al empleo. El documento incorpora nuevas deducciones para fomentar el autoempleo juvenil, incentivar la inversión empresarial y favorecer la implantación de actividad económica en municipios afectados por la despoblación.

Los jóvenes autónomos menores de 40 años podrían beneficiarse de ayudas fiscales de hasta 3.000 euros si desarrollan su actividad en zonas de extrema despoblación. Además, se establecen ventajas específicas para inversiones en sociedades mercantiles, economía social y cooperativas.

La iniciativa también incluye deducciones inéditas en Castilla-La Mancha para gastos de fertilidad, ejercicio físico, formación musical, nuevas tecnologías, gafas y lentillas, ayudas a deportistas de alto nivel o compensaciones por ocupación ilegal de viviendas.

A ello se suma un paquete de medidas complementarias para reclamar futuras rebajas en otros tributos cedidos, como Sucesiones y Donaciones, Actos Jurídicos Documentados o el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, además de incentivos fiscales específicos para la compraventa de suelo industrial y la sucesión de empresas familiares.

Los populares defienden que el proyecto nace además del consenso con numerosos colectivos económicos y empresariales de la región, que habrían respaldado el contenido de la propuesta tras meses de trabajo técnico y negociación.

Nueva fiscalidad PP de Castilla-La Mancha

Nueva fiscalidad PP de Castilla-La Mancha

El objetivo político del PP es claro: evidenciar el contraste entre las comunidades autónomas gobernadas por los populares, que han apostado por rebajas fiscales, y el modelo de García-Page, al que acusan de haber situado a Castilla-La Mancha entre las regiones con peores indicadores de pobreza y desarrollo económico.

En este sentido, la comunidad registra una tasa de pobreza del 34,2 %, una de las más elevadas de España y de la Unión Europea, pese al incremento sostenido de la recaudación tributaria durante los últimos años. Para el PP, esos datos reflejan el fracaso de la política fiscal del Gobierno socialista y justifican una “reforma profunda” orientada a devolver capacidad económica a las familias y estimular la actividad productiva.

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