Page planta cara a Sánchez por la financiación y amenaza con paralizar la votación

El pulso entre Emiliano García-Page y Pedro Sánchez vuelve a subir de intensidad. El Gobierno de Castilla-La Mancha no está dispuesto a asumir como propia la exigencia del presidente del Ejecutivo de que los socialistas apoyen el nuevo modelo de financiación autonómica pactado con ERC.

La portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha dejado clara la posición de la Junta: Castilla-La Mancha trabajará para modificar la propuesta y, si no se consigue, para evitar que salga adelante. “O se cambia el modelo o directamente no se llega a la votación”, ha afirmado.

La advertencia se produce después de que Sánchez defendiera que el PSOE y sus socios parlamentarios tienen “la obligación de votar a favor” del nuevo sistema de financiación, que el Gobierno central cifra en más de 21.000 millones de euros adicionales para las comunidades autónomas.

Pero en Castilla-La Mancha no comparten ese planteamiento. Padilla sostiene que la prioridad de los socialistas debe ser garantizar la igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos, con independencia de dónde hayan nacido o residan.

La portavoz autonómica considera que ese principio debe estar por encima de la disciplina de voto y advierte de que aceptar el modelo en sus actuales términos supondría cruzar una línea roja.

El Gobierno de Page considera además que la reforma no puede valorarse únicamente por el aumento global de recursos. Aunque Castilla-La Mancha recibiría más financiación, la Junta sostiene que el reparto podría mantener o incluso ampliar la brecha que la comunidad arrastra desde hace años respecto a otros territorios.

Uno de los principales reproches se dirige al modo en el que se ha diseñado la reforma. Castilla-La Mancha defiende que la financiación autonómica debe acordarse mediante una negociación multilateral entre el Gobierno central y todas las comunidades, y no a partir de un acuerdo bilateral entre Sánchez y ERC que posteriormente se extienda al conjunto del sistema.

La Junta cuestiona especialmente el principio de ordinalidad, al considerar que puede consolidar las ventajas de los territorios con mayor capacidad fiscal y mantener las diferencias entre comunidades. De hecho, Castilla-La Mancha se situó entre las comunidades que votaron en contra de la propuesta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, junto a Asturias y los territorios gobernados por el PP. El modelo contó con el respaldo de Cataluña y Canarias, además del Ministerio de Hacienda.

Page mantiene el pulso, pero aún no rompe 

A pesar de la contundencia del mensaje, el Gobierno castellanomanchego todavía no ha pedido formalmente a los ocho diputados socialistas de la región en el Congreso que rompan la disciplina de voto. La estrategia pasa, por ahora, por intentar modificar el modelo antes de que llegue a la votación. Padilla insiste en que todavía existe margen para convencer al Gobierno y cambiar el texto.