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La quita de Sánchez se convierte en una bofetada a C&L: la 'solidaridad' sale a 523 euros por cabeza

La condonación de la deuda a los separatistas de ERC no solo no soluciona la financiación autonómica, sino que aumenta el pasivo de cada castellano y leonés, según denuncia el consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo.

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo

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Francisco Pérez

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Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, ha puesto el grito en el cielo ante la nueva "quita" de la deuda autonómica orquestada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Con una contundencia que rompe con el discurso oficial, Carriedo ha calificado la medida de "contraria al interés general y al de Castilla y León", destapando la cruda realidad de una decisión que, bajo la excusa de la solidaridad, solo sirve para premiar a los socios separatistas del Ejecutivo.

La jugada es perversa: mientras el Gobierno central se prepara para condonar la deuda de Cataluña —una cifra que, según los cálculos de ERC, podría llegar a los 15.000 millones—, Castilla y León, una comunidad que ha gestionado su economía con rigor, se verá penalizada. Carriedo ha destapado el engaño con una cifra demoledora: tras la aprobación de esta ley, la deuda de cada castellano y leonés aumentará en 523 euros. Un cálculo que demuestra que "lo que nos quieren quitar como castellanos y leoneses (3.000 millones) es menor de lo que asumimos como españoles". En otras palabras, la 'solidaridad' sanchista nos cuesta dinero.

Un premio al despilfarro y una traición a las comunidades cumplidoras

La crítica de Carriedo no se queda en los números. El consejero ha subrayado que la quita crea un "precedente" peligroso, que "crea una imagen de que las deudas no hay que pagarlas" y premia a las comunidades autónomas con una gestión económica deficiente. En el caso de Cataluña, la condonación es un claro favor político a ERC, su socio de investidura, que ha hecho de la condonación de la deuda una de sus banderas.

Mientras Cataluña recibe este regalo, Castilla y León, que ha mantenido un estricto control de sus cuentas y ha bajado impuestos, no solo no se beneficia, sino que se ve obligada a asumir una deuda ajena. Carriedo ha sido muy claro: la región no necesita una quita de la deuda, porque "nosotros pagamos nuestros compromisos". Lo que sí exige es un sistema de financiación autonómico justo que tenga en cuenta la singularidad de la ruralidad, la dispersión de la población y el coste efectivo de llevar servicios públicos a las zonas despobladas.

La quita de la deuda, según Carriedo, no es más que una cortina de humo para desviar la atención del verdadero problema: la insuficiente financiación que reciben las comunidades autónomas. Una medida pensada "solo en los partidos separatistas" y que la Junta de Castilla y León, en un acto de defensa de sus intereses, llevará hasta el Tribunal Constitucional. El sanchismo, una vez más, muestra su rostro más sectario, castigando a las comunidades leales y premiando a aquellos que, con su chantaje, le mantienen en el poder.

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