CCOO y UGT recriminan a Azucarera su pasividad tras el cierre de la planta de La Bañeza

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Ana Fernández de los Muros y Óscar Lobo, han expresado su preocupación por la ausencia de respuestas concretas por parte de Azucarera en torno a la reindustrialización de la planta que cerró en La Bañeza, un proceso que está siendo coordinado por la Fundación Anclaje para encontrar un proyecto alternativo que dé continuidad al empleo y la actividad económica en la zona.

Según Óscar Lobo, la empresa no está colaborando de manera suficiente, limitándose a solicitar tiempo en lugar de facilitar un plan de acción que permita la llegada de otra compañía o la puesta en marcha de un proyecto de reindustrialización. “Lo que no tenemos es tiempo”, ha subrayado el responsable de UGT, reclamando una decisión más clara y activa por parte de la multinacional que permita aprovechar los recursos públicos recibidos y encontrar una salida para la planta.

El dirigente sindical ha insistido en que cuando una empresa ha recibido ayudas públicas, existe una responsabilidad de favorecer la continuidad de la actividad económica mediante la puesta a disposición de sus instalaciones para nuevos proyectos o empresas. Además, ha alertado de que situaciones similares podrían repetirse en otras plantas del grupo, como la de Toro (Zamora), afectando al tejido industrial del medio rural y al sector agroalimentario, especialmente en zonas con potencial de empleo como el norte de la montaña palentina.

Por su parte, Ana Fernández de los Muros ha valorado el trabajo de la Fundación Anclaje, destacando que, pese a que Azucarera ha participado en la mayoría de las reuniones, no ha presentado propuestas concretas que permitan la llegada de nuevos proyectos a los terrenos que abandona. La responsable de CCOO ha señalado que la Junta de Castilla y León también está implicada en la búsqueda de soluciones, pero ha calificado la situación en La Bañeza como un “mazazo” para la provincia, que sufrió ya dificultades económicas en 2025.

Ambos sindicatos coinciden en que es necesario anticiparse a posibles crisis en el sector agroalimentario, cuidando la industria rural y evitando que el cierre de plantas tenga un impacto mayor en el empleo y en la economía local. La falta de respuesta de la empresa, combinada con el tiempo limitado para encontrar alternativas, genera preocupación sobre el futuro de la zona y sobre la capacidad de garantizar proyectos de reindustrialización que mantengan la actividad económica.