Vuelco radical y dramático para Cayetano Rivera tras su detención

Cayetano Rivera está al filo de la navaja. No en un ruedo, sino en el terreno mucho más imprevisible de la versión oficial frente a la pública. El torero, que hace semanas protagonizó un altercado con varios agentes de policía que terminó con su detención, ha presentado por fin una denuncia contra los agentes implicados y la Policía Nacional. Pero lo que debería haber sido el inicio de su defensa jurídica podría convertirse, según algunos expertos, en un movimiento con más sombras que luces.

La denuncia llega un mes después del incidente, y ese detalle, aparentemente anecdótico, ha hecho saltar las alarmas en el entorno jurídico. Según reveló Antonio Rossi en Vamos a Ver Verano de Telecinco, y les confirmamos en ESdiario, fuentes del ámbito legal se muestran sorprendidas por el retraso, más aún al conocerse un dato que puede ser determinante en el caso: las grabaciones de cámaras de seguridad en locales públicos, salvo orden judicial o presencia de delitos o accidentes, deben eliminarse en un plazo máximo de 30 días.

Así lo establece la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDGDD) en su artículo 22.3, que remite a lo dispuesto por la Agencia Española de Protección de Datos: las imágenes captadas por sistemas de videovigilancia deben suprimirse en el plazo máximo de un mes, salvo que deban conservarse para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones.

Y aquí es donde la versión del torero comienza a tambalearse: ¿por qué esperar justo hasta que expire ese plazo legal para denunciar? ¿Por qué no actuar cuando aún podían quedar imágenes que respaldasen su relato?

La especulación, en los círculos mediáticos y legales, es inevitable: ¿ha querido evitar que las imágenes lleguen al juzgado porque podrían desmentir su versión de los hechos? Porque lo que Cayetano sostiene públicamente contrasta con la versión oficial de la Policía, y si las cámaras contaban otra historia, ahora podrían haber desaparecido sin dejar rastro.

Desde su detención, ha mantenido una actitud firme pero hermética. Rechazó dar explicaciones más allá de un comunicado oficial y reiteró su respeto hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sin embargo, sus silencios y la aparente estrategia legal han comenzado a levantar más sospechas que apoyos para Cayetano Rivera.

“Ya he hecho un comunicado y es lo único que voy a mostrar al respecto”, dijo en su momento a los medios, con el rostro visiblemente golpeado y la mirada tensa. Pero ahora, con la lupa puesta sobre el extraño momento elegido para actuar legalmente, su silencio ya no transmite prudencia... sino incertidumbre.

A este capítulo se suma además su baja médica —provocada, según su entorno, por una lesión sufrida durante un entrenamiento— que le ha apartado de las plazas taurinas en plena temporada. Otra sombra más en una narrativa cada vez más opaca.

En el terreno judicial, la verdad suele abrirse paso. Pero cuando las cámaras ya no graban y los plazos legales juegan con el tiempo como si fuera arena entre los dedos, todo gesto cuenta y toda demora habla. El ruedo se ha desplazado a los tribunales. Y Cayetano Rivera, torero de sangre y silencio, tendrá que lidiar ahora con un adversario más complejo: la sospecha.