Sálvame, contra las cuerdas: la Fiscalía pide 477 años de cárcel para Gustavo González

La investigación del conocido como caso Sálvame ha entrado en una fase decisiva tras el endurecimiento de la postura de la Fiscalía de Madrid, que ya ha presentado su escrito de conclusiones provisionales detallando un presunto acceso sistemático e ilícito a datos sensibles de personas conocidas.

El foco de la acusación se sitúa en el paparazi Gustavo González y el agente de policía Ángel Jesús Fernández Hita, a quienes el fiscal atribuye una colaboración sostenida durante años para obtener información confidencial de bases de datos policiales y trasladarla al ámbito televisivo, concretamente al ya desaparecido programa Sálvame, emitido en Telecinco.

Según el Ministerio Público, González habría cometido 127 delitos de revelación de secretos, mientras que Fernández Hita alcanzaría los 142. Esta acumulación de delitos explica las elevadas penas solicitadas: 477 años de prisión para el colaborador televisivo y 555 para el agente. No obstante, el propio escrito introduce un matiz clave: el cumplimiento efectivo de las condenas estaría limitado legalmente al triple de la pena más grave, lo que en la práctica reduciría la estancia en prisión a unos 15 años para González y alrededor de 12 para Fernández Hita.

Además de las penas de cárcel, la Fiscalía solicita importantes sanciones económicas. En el caso de González, reclama una multa superior a 600.000 euros y su inhabilitación durante cinco años para ejercer profesiones relacionadas con los medios de comunicación. Para Fernández Hita, la multa asciende a 62.400 euros. Ambos deberán hacer frente también a indemnizaciones que superan los 400.000 euros en conjunto para resarcir a los afectados.

La investigación se inició en abril de 2017, cuando la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional detectó que en el programa se difundían datos procedentes de atestados policiales. A partir de ese momento, las pesquisas permitieron reconstruir una dinámica que se habría prolongado durante casi una década, entre 2009 y 2018.

Según la acusación, Fernández Hita utilizaba su acceso a bases de datos policiales para obtener información personal —como antecedentes, domicilios o matrículas— que posteriormente facilitaba a colaboradores del programa, entre ellos González y la fallecida Mila Ximénez. Cuando no podía acceder directamente, recurría presuntamente a otro agente implicado, Iván Caveda, para quien la Fiscalía solicita 16 años de prisión.

El alcance del caso es considerable. El juez instructor, Marcelino Sexmero, estimó que al menos 182 personas vieron comprometidos sus datos, entre ellas conocidos rostros del mundo del espectáculo, el deporte y la televisión.

Aunque en las primeras fases de la causa se investigó a más profesionales vinculados al programa y a la productora, tanto el magistrado como la Fiscalía han terminado por centrar la acusación en González, Fernández Hita y Caveda, solicitando el archivo para el resto. La productora, por su parte, permanece en el procedimiento como responsable civil subsidiaria.

El fiscal sostiene que González actuó con la “intención de obtener ganancias” mediante el uso de información obtenida de forma ilícita. La acusación resume la operativa señalando que los implicados “accedieron, revelaron y se apoderaron de atestados y otros datos reservados de carácter personal y familiar”, cerrando así un caso que pone en el punto de mira los límites entre información y vulneración de la intimidad.