'Gertru', la secretaria de Zapatero: del núcleo de confianza en Moncloa a imputada

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha dado un nuevo paso en el conocido caso Plus Ultra al acordar la imputación —en calidad de investigadas— de las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, junto a la secretaria de confianza del exmandatario, Gertrudis Alcázar.

La decisión judicial llega después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara su citación, al apreciar la necesidad de que declaren en sede judicial por su presunta vinculación con distintas operaciones que ahora se encuentran bajo el foco de la investigación.

En el auto, el magistrado sitúa a las hijas del expresidente como administradoras de la sociedad Whathefav, una mercantil que, según los investigadores, habría despertado interés en el marco de la causa por su posible papel en la canalización de determinados movimientos económicos que se analizan dentro del procedimiento. Su citación, subraya el juez, responde a la existencia de indicios que deben ser aclarados con garantías de defensa.

En paralelo, la figura de Gertrudis Alcázar emerge con especial relevancia dentro del entorno más próximo al expresidente. El instructor apunta a su posible participación en la gestión de documentación y comunicaciones vinculadas a los hechos investigados, lo que la sitúa, siempre según las resoluciones judiciales, como un posible engranaje operativo dentro del círculo de confianza de Zapatero.

Alcázar, conocida durante años en el entorno socialista como “Gertru”, fue durante décadas una presencia constante en la logística diaria del dirigente socialista: agendas, llamadas, contactos y coordinación interna, tanto en la etapa de oposición como durante su paso por La Moncloa. Fuentes del entorno la describieron como una figura discreta, de perfil bajo, pero de alta fiabilidad operativa.

Su relación con Zapatero se remonta al año 2000, coincidiendo con su victoria en las primarias del PSOE, consolidándose posteriormente en todas las etapas políticas del expresidente: desde su llegada al Gobierno en 2004 hasta su salida en 2011, y su posterior actividad institucional.

Incluso tras abandonar la presidencia, Alcázar habría continuado vinculada a su entorno de trabajo en distintos espacios, incluido el Consejo de Estado y su despacho privado en Madrid, manteniendo un rol de coordinación interna y filtrado de comunicaciones.

En paralelo a la instrucción, algunas informaciones han puesto el foco en su patrimonio personal, incluida la adquisición de una vivienda en Velilla de San Antonio (Madrid), un dato que ha generado atención mediática en el contexto del caso, si bien sin derivar, por ahora, en conclusiones judiciales firmes.

El caso, que sigue abierto, continúa ampliando su perímetro a medida que el juez y la Fiscalía profundizan en las conexiones personales, societarias y operativas que rodean la investigación del rescate de Plus Ultra.