Denuncia a Yolanda Díaz por ocultar sus gastos en 10 galas de cine: Cannes, Málaga, San Sebastián...

Los viajes oficiales de Yolanda Díaz a festivales de cine y grandes galas de premios vuelven a poner el foco sobre el uso de recursos públicos por parte del Ministerio de Trabajo. No porque se conozca ya cuánto dinero se gastó —esa es precisamente la información que el departamento tendrá que entregar ahora—, sino porque el Consejo de Transparencia ha tenido que intervenir tras varias denuncias para obligar al Ministerio a revelar unas cantidades que llevan meses reclamándose.

La cosa es grave por el tipo de desplazamientos sobre los que se ha solicitado información. Se trata de viajes de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo al Festival de Cine de San Sebastián, al Festival de Málaga, a los Premios Goya y a los Premios Feroz. Actividades, también viajes a Cannes, vinculadas al cine que tienen un encaje difícil de explicar dentro de las competencias laborales de su departamento.

El asunto ha quedado recogido en una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno fechada el pasado 20 de agosto. El organismo ha estimado la denuncia presentada después de que Yolanda Díaz o no contestara a una solicitud de información registrada en noviembre de 2025. Transparencia ha dado ahora diez días hábiles al departamento de Díaz para facilitar el coste de los desplazamientos y la identidad y cargos de los integrantes de las diferentes comitivas.

Y aquí aparece una de las cuestiones que más llaman la atención. No se está hablando de un único viaje puntual. La petición abarca los desplazamientos de Díaz al Festival de San Sebastián en 2022, 2023 y 2025 y al Festival de Málaga en 2023, 2024 y 2025. También incluye diferentes ediciones de los Goya y de los Premios Feroz celebradas entre 2020 y 2024. El solicitante quiere conocer por separado cuánto costó cada viaje y quién acompañó a la vicepresidenta.

Por ahora, por tanto, no existe una cifra que permita afirmar cuánto ha costado al erario público esta agenda cinematográfica. Precisamente eso es lo que deberá aclarar Trabajo. Lo que sí consta oficialmente es que el Ministerio no respondió dentro del plazo legal a la solicitud inicial y tampoco presentó alegaciones cuando el Consejo de Transparencia le reclamó el expediente durante la tramitación de la reclamación.

El Consejo reprocha expresamente ese silencio. La resolución recuerda que el plazo general para responder a una solicitud de acceso a información pública es de un mes y señala que Trabajo tampoco justificó la existencia de una causa legal que permitiera limitar o impedir el acceso a los datos solicitados. Por ello, estima la reclamación e insta al Ministerio a entregar la información.

La polémica está también en el encaje institucional de esta agenda. Nadie discute que una vicepresidenta pueda participar en actos culturales cuando exista una razón oficial para ello, pero resulta legítimo preguntarse qué relación concreta tienen determinados desplazamientos a festivales cinematográficos y entregas de premios con las competencias de un Ministerio cuyo cometido fundamental pasa por las relaciones laborales, el empleo y la economía social.

Y más aún cuando no se trata únicamente de conocer dónde estuvo la ministra, sino cuánto costaron los desplazamientos y quién formó parte de las delegaciones. La información que ahora debe entregar Trabajo permitirá comprobar si detrás de esos viajes existían actividades institucionales vinculadas a las responsabilidades de Díaz, qué personal la acompañó y cuál fue finalmente el coste para las arcas públicas.