COPE y un penalista aterrorizan a Pedro Sánchez: 6 años de cárcel para Begoña Gómez
La situación judicial de la esposa del presidente del Gobierno se agrava: si se prueba que se apropió de fondos públicos, podría enfrentarse a penas que la conducirían directamente a prisión
Pedro Sánchez y Begoña Gómez, en el Festival de Cine de San Sebastián en 2024.
La nube judicial que persigue a Begoña Gómez se oscurece por momentos. Lo que arrancó como una investigación por tráfico de influencias e intrusismo profesional ha sumado un nuevo y demoledor frente: la malversación de fondos públicos. Según declaraciones a La Linterna de COPE del profesor de Derecho Procesal de la Universidad San Pablo CEU, Fernando Rodríguez, si se llegara a demostrar que la esposa del presidente se apropió de recursos públicos, podría enfrentarse a una condena que alcanzaría los seis años de prisión. Una hipótesis que no solo golpea a Gómez, sino que estalla en pleno corazón de La Moncloa y muy especialmente a Pedro Sánchez.
El juez Juan Carlos Peinado ha tomado nota de unos informes que, lejos de despejar dudas, multiplican las sombras. El primero, elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente de Hacienda, desmenuza con más de 300 páginas la adjudicación de contratos a la UTE formada por Innovanex, empresa de Juan Carlos Barrabés, y The Valley Digital. El segundo, firmado por la UCO de la Guardia Civil, pone el foco en el papel de Cristina Álvarez, asesora de Gómez en Moncloa, cuya actividad laboral se mezclaba peligrosamente con las gestiones privadas de la cátedra que la esposa de Sánchez dirigía en la Universidad Complutense.
El documento de la IGAE es demoledor: confirma que las cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez pesaron de forma decisiva en la adjudicación de los contratos. Más aún, concluye que no presentarlas se consideraba “algo negativo” para el resto de competidores. Y, como si fuera poco, revela que se borraron los metadatos de los documentos técnicos, lo que impide conocer quién puntuó cada propuesta.
La Fiscalía Europea mantiene imputado a Barrabés y señala el “fraude de ley y la discriminación” en esas concesiones. Una bomba que amenaza con hacer saltar por los aires la estrategia de defensa del ex ministro Antonio Camacho, abogado de Gómez, que trata de restar trascendencia a cada diligencia.
En paralelo, el juez ha escuchado un testimonio clave: el del vicerrector Juan Carlos Doadrio, que admitió haber recibido una orden directa para crear “una cátedra para la mujer del presidente”. Un reconocimiento que desnuda la confusión entre lo público y lo privado y que, a ojos de los expertos, refuerza la sospecha de que se utilizó el peso institucional de Sánchez para beneficio particular.
El futuro judicial de Begoña Gómez, que ya ha rehusado acudir a alguna citación alegando “no ser habitual”, se antoja cada vez más incierto. Si no se demuestra apropiación, la pena podría quedar en tres años. Pero si se prueba lo contrario, el horizonte de seis años de cárcel ya no es una amenaza teórica, sino un riesgo real. Un proceso que, como advierten voces jurídicas, “parece inagotable” y que deja a la esposa del presidente más cerca del banquillo que de la exoneración, tal y como contaba este experto penalista a Ángel Expósito.
