Ana Redondo carga contra el Supremo por la condena al fiscal general mientras el Gobierno intenta blindar su gestión

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha vuelto a posicionarse este lunes del lado del ya dimitido fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, poniendo en el punto de mira al Tribunal Supremo por la forma en que difundió su condena. Redondo ha calificado de "disfunción" que el Alto Tribunal hiciera público el fallo —dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos— antes de ofrecer la motivación jurídica completa.

"Conocemos el fallo pero no la argumentación", criticó la ministra desde el Ministerio de Igualdad durante la presentación de la campaña del 25N. En su opinión, "el orden de los factores altera el producto" y el Supremo debería haber publicado antes la sentencia íntegra y después la decisión final. Una valoración que, aunque envuelta en declaraciones de “respeto absoluto” al Poder Judicial, supone un nuevo reproche del Gobierno a la actuación de los jueces, un patrón recurrente cada vez que una resolución judicial afecta a cargos afines al Ejecutivo.

Redondo, doctora en Derecho Constitucional, llegó incluso a sugerir que la independencia judicial se garantiza únicamente cuando las decisiones están acompañadas de su motivación desde el principio, deslizando así que en este caso el Alto Tribunal habría cometido una irregularidad. Y lejos de cuestionar la conducta del fiscal general condenado, la ministra no dudó en describir a García Ortiz como "un servidor público".

Las declaraciones llegan horas después de que el propio García Ortiz presentara su dimisión al Gobierno, una renuncia que, según él mismo explicó en una carta enviada al ministro Félix Bolaños, responde a su afán de "proteger a la Fiscalía española" pese a no haber tenido acceso aún a la motivación de la sentencia. El fallo del Supremo le condena por revelar datos protegidos relativos a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, en un episodio que generó una intensa polémica por el uso político de información reservada.

Pese a la gravedad de la condena y a su evidente impacto institucional, el Gobierno ha optado nuevamente por cerrar filas, poniendo el foco en la actuación del Supremo en lugar de valorar la responsabilidad política del ya exfiscal general. Las palabras de Redondo, lejos de rebajar la tensión, vuelven a evidenciar el choque del Ejecutivo con el Poder Judicial, especialmente cuando una resolución afecta a uno de sus cargos de confianza.

Mientras tanto, sigue pendiente la publicación íntegra de la sentencia, cuya motivación desvelará en detalle cómo se produjo la revelación de secretos y cuál fue exactamente la responsabilidad de García Ortiz en un episodio que ha terminado por dinamitar su continuidad al frente de la Fiscalía General del Estado.