Trabajadores de TVE estallan contra Silvia Intxaurrondo y denuncian “trato de favor” millonario
La presentadora de La 1 quiere más dinero del ente. Aspira a ganar 253.356 euros más de lo que ya gana pero se ha encontrado la oposición directa de los sindicatos
Silvia Intxaurrondo, el pasado 11 de septiembre en Madrid.
La calma en RTVE es solo un espejismo: Silvia Intxaurrondo. La sanchista presentadora de La hora de La 1, rostro de la franja matinal de la cadena pública, ha decidido llevar a la Corporación ante los tribunales tras el cambio en su situación laboral. Un giro que, según sostiene, ha supuesto una rebaja salarial injustificada y un trato que no se corresponde con las funciones que continúa desempeñando.
El origen del desencuentro está en la regularización de su contrato. Tras una inspección de Trabajo, Intxaurrondo pasó de prestar servicios mediante una sociedad externa a incorporarse como personal laboral no fijo dentro del marco del convenio de RTVE. Y ahí estalló el problema: la presentadora cobraba mucho más antes de esa regularización.
Ahora reclama a la cadena pública 253.356,96 euros anuales, una cifra muy superior al salario base que marca el III Convenio Colectivo. Acepta la tabla salarial… pero pide un plus de 20.000 euros mensuales para alcanzar lo que percibía cuando facturaba como empresa. En su demanda, defiende que su labor es idéntica a la que realizaba antes y, por tanto, su remuneración debería ser la misma. Y la labor sí, es la misma, ser una ministra oficiosa de Pedro Sánchez difundiendo cada mañana el argumentario de La Moncloa con adhesión ciega e inquebrantable al Gobierno y al equipo de opinión sincronizada del sanchismo.
USO, en pie de guerra: “Un agravio ético”
La reacción interna no se ha hecho esperar, y ha sido especialmente contundente. El sindicato USO, mayoritario en parte de la Corporación, ha emitido un comunicado que no deja espacio para la diplomacia. Aseguran que no pueden “guardar silencio” ante lo que consideran una petición completamente fuera de lugar.
Para USO, la demanda de Intxaurrondo supone “cuestionar el marco legal” y desafiar las normas que rigen a la plantilla fija de la casa. Critican que pretenda un sueldo “absolutamente alejado de cualquier escala retributiva existente” y recuerdan que ningún trabajador de RTVE, por muy visible que sea, cobra cifras semejantes por una misma función.
Pero van más allá: denuncian un intento de arrastrar al ámbito laboral las cifras de aquellos contratos mercantiles previos, señalados por la Inspección como “relación laboral encubierta”. Y advierten de que la regularización no es una licencia para blindar privilegios: “RTVE no puede vulnerar su marco jurídico ni abrir la puerta a excepciones que pisotean la igualdad”.
El mensaje final del sindicato busca cerrar filas:
“La ética importa. El respeto a la plantilla importa. No aceptaremos presiones para romper la coherencia salarial del sector público.”
La batalla legal abre un debate incómodo en la cadena pública: ¿hasta qué punto los rostros más visibles de RTVE deben ajustarse al mismo marco que el resto de la plantilla? Y, sobre todo, ¿puede RTVE permitirse excepciones cuando opera bajo el escrutinio constante del sector público?
Mientras la demanda sigue su curso, el caso Intxaurrondo se ha convertido en un nuevo quebradero de cabeza para la Corporación. Un conflicto que mezcla dinero, política interna y la eterna tensión entre la visibilidad mediática… y las reglas que deberían aplicar a todos por igual.