Joaquín Prat dispara contra las balizas V16: “Aquí hay trinque seguro, solo en España”
El presentador de Mediaset cuestiona la obligatoriedad de estos dispositivos, en plena controversia por su coste, visibilidad y utilidad real, mientras expertos y asociaciones de seguridad vial aportan argumentos y críticas dispares
Imagen de archivo de Joaquín Prat
El periodista Joaquín Prat ha puesto voz a un malestar creciente entre conductores y expertos tras cargar duramente contra la futura obligatoriedad de las balizas V16 conectadas, que sustituirán definitivamente a los triángulos de emergencia a partir del 1 de enero de 2026. Sus palabras, en directo, han reabierto una polémica que lleva meses latente y que combina seguridad vial, intereses económicos y dudas técnicas.
Durante su intervención televisiva, Prat mostró varios modelos de balizas y cuestionó tanto su utilidad real como el trasfondo económico de la medida. Con tono irónico, deslizó que se trata de un negocio “redondo” y subrayó que España será el único país de la Unión Europea donde estos dispositivos serán obligatorios, lo que ha alimentado la sospecha de que la decisión responde más a intereses comerciales que a criterios estrictamente de seguridad.
La Dirección General de Tráfico defiende la implantación de las V16 argumentando que evitan que los conductores tengan que salir del vehículo para señalizar una avería o accidente, reduciendo así atropellos en vías rápidas. Además, las balizas conectadas permiten enviar la ubicación del vehículo detenido a la plataforma DGT 3.0, facilitando la gestión del tráfico y la actuación de los servicios de emergencia.
Sin embargo, las críticas no se limitan al ámbito mediático. Asociaciones de agentes de la Guardia Civil han advertido de que la baliza por sí sola puede ser insuficiente en determinadas condiciones de visibilidad, como curvas cerradas o plena luz del día, y recomiendan no prescindir de los triángulos. Expertos en seguridad vial también han señalado que su eficacia depende mucho del entorno y del correcto funcionamiento del dispositivo.
A la controversia técnica se suma la económica. El coste medio de cada baliza ronda los 40 euros, lo que multiplicado por el parque móvil español supone una cifra millonaria. Diversos análisis han apuntado al importante volumen de recaudación fiscal que generará la medida, un argumento que refuerza la desconfianza de quienes, como Prat, hablan abiertamente de “trinque”.
Por último, organizaciones de consumidores han alertado sobre posibles fraudes en la venta de balizas supuestamente homologadas que no cumplen los requisitos de conectividad exigidos para 2026, mientras algunos juristas cuestionan la solidez legal de la normativa.
Con este escenario, las palabras de Joaquín Prat no han hecho sino amplificar un debate que seguirá creciendo conforme se acerque la fecha límite y millones de conductores se vean obligados a pasar por caja.