Pablo Iglesias pierde los papeles en RTVE y pide ilegalizar a PP y Vox por hablar de fraude electoral
El exlíder de Podemos reclamó en Malas Lenguas mano dura contra la oposición por alertar sobre posibles irregularidades en el censo, pero acabó admitiendo que en su propio partido sí hubo fraude interno
Pablo Iglesias en RNE
Pablo Iglesias volvió a convertir la televisión pública en el escenario perfecto para su particular concepto de democracia: mucha tolerancia con los suyos y máxima dureza contra quienes no piensan como él. El exvicepresidente del Gobierno y fundador de Podemos intervino en Malas Lenguas, el programa de RTVE presentado por Jesús Cintora, para defender nada menos que la posible ilegalización del Partido Popular y de Vox por cuestionar el impacto electoral de medidas como la conocida ley de nietos.
El argumento de Iglesias fue tan contundente como inquietante. A su juicio, cuando PP y Vox advierten de que determinadas decisiones del Gobierno pueden alterar el censo o abrir la puerta a una “suerte de fraude electoral”, la democracia debe “protegerse” y habría que plantearse si esas formaciones tienen cabida legal. Es decir: si la oposición pide garantías, la respuesta no debe ser transparencia, sino amenaza de proscripción política.
La paradoja llegó apenas unos minutos después. Porque el propio Iglesias, en el mismo debate, terminó reconociendo que en Podemos sí hubo fraude electoral interno. La contradicción es evidente: lo que en PP y Vox sería un ataque intolerable al sistema, en el entorno morado pasa a ser una mancha asumible, casi anecdótica, siempre que no salpique al relato de superioridad moral de la izquierda.
RTVE, altavoz de una deriva preocupante
El episodio resulta todavía más llamativo por el lugar en el que se produjo: RTVE, una televisión pública financiada con el dinero de todos los españoles. Un plató de la cadena estatal sirvió para que un exvicepresidente del Gobierno planteara, sin apenas escándalo en la mesa, la posibilidad de ilegalizar a dos partidos que representan a millones de votantes.
La escena encaja con una tendencia cada vez más evidente en determinados sectores de la izquierda: presentar cualquier crítica al Gobierno como una amenaza a la democracia. Si se cuestiona la gestión de Sánchez, se ataca a las instituciones. Si se pide claridad sobre el censo, se alimenta un bulo. Si se exige control electoral, se pone en riesgo el sistema. Y si lo hace la derecha, la solución que algunos empiezan a deslizar ya no es debatir, sino prohibir.
La conocida ley de nietos ha abierto un debate político de enorme trascendencia. Su aplicación permite acceder a la nacionalidad española a descendientes de españoles en el exterior, con efectos evidentes sobre el censo. PP y Vox han reclamado garantías, controles y transparencia. Iglesias, en cambio, ha optado por el atajo más autoritario: convertir la duda política en delito democrático.
El viejo manual de la izquierda más sectaria
Lo de Iglesias no es un simple calentón televisivo. Es la expresión de una forma de entender la política en la que el adversario no se combate con argumentos, sino con cordones sanitarios, etiquetas y amenazas institucionales. Primero se acusa al rival de poner en peligro la democracia; después se justifica que la democracia “se defienda” expulsándolo del tablero.
El problema es que esa lógica tiene poco de democrática y mucho de tentación autoritaria. Porque en una democracia madura, alertar de posibles irregularidades no debería ser motivo de persecución política. Al contrario: el sistema se fortalece cuando se audita, se controla y se somete a escrutinio.