El revés del caso Maricarmen: el dueño del piso acusa al Sindicato de Inquilinas de su desahucio

El propietario de Urbagestión, Ricardo Alonso, asegura que Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada tras más de siete décadas en su vivienda, “seguramente” seguiría viviendo en su casa si no hubiese intervenido el Sindicato de Inquilinas. El empresario sostiene que hubo intentos de negociación que terminaron frustrados y acusa a la organización de convertir el caso de la anciana en una bandera para sus reivindicaciones.

Alonso ha lanzado estas declaraciones en Espejo Público de Antena 3, donde ha explicado su versión sobre el conflicto que ha terminado con Maricarmen fuera de la vivienda. Según el propietario, hace unos seis meses acudieron junto a la mujer y representantes del Sindicato a un acto de conciliación, pero la organización habría renunciado a continuar por esa vía.

El dueño de Urbagestión asegura que hubo “un par de actuaciones” encaminadas a alcanzar un acuerdo, pero que rápidamente apareció la desconfianza al considerar que el Sindicato perseguía “otro tipo de intereses”. La situación terminó derivando en una campaña alrededor de Maricarmen porque la mujer era “un perfil perfecto” para convertirla en símbolo.

Alonso sostiene que la propia abogada del Sindicato se puso en contacto con Urbagestión para plantear que Maricarmen pudiera continuar como inquilina y solicitar una propuesta económica. La empresa respondió que el precio de mercado en la zona rondaba los 2.500 euros, pero que estaba dispuesta a iniciar una negociación aplicando un descuento de al menos el 40%.

Sin embargo, asegura que al día siguiente el Sindicato difundió en redes sociales que Urbagestión pretendía cobrar 2.600 euros de alquiler. “Es difícil conseguir una negociación en esos términos”, ha criticado Alonso.

El propietario también denuncia que, durante los últimos meses, la empresa ha sufrido lo que califica como una actuación “bastante coordinada”, incluyendo ataques a sus sistemas y el supuesto hackeo de teléfonos y correos electrónicos. Urbagestión presentó además una querella contra el Sindicato y sus representantes por las actuaciones que considera constitutivas de delito.

Alonso recuerda además que Urbagestión cuenta con una sentencia favorable de la Audiencia Provincial de Madrid desde julio de 2022. Según ha explicado, cuando la empresa adquirió la vivienda conocía que Maricarmen residía allí con un contrato de renta antigua, pero sostiene que la ocupación carecía de “justo título”.

El propietario asegura que a Maricarmen se le ofreció incluso la posibilidad de comprar la vivienda con carácter preferente y recalca que se trata de la única vivienda adquirida por la empresa en todo su recorrido. Ahora, Alonso reclama la intervención del Ayuntamiento como mediador y pide que lo haga con “neutralidad y transparencia”.