EFE oculta a Transparencia 700.000 euros en sobresueldos a afines a Moncloa

La Agencia EFE se resiste a poner nombres y apellidos a los casi 689.000 euros que repartió entre sus directivos y responsables en concepto de retribución variable durante 2025. La dirección de la empresa pública ha decidido recurrir la resolución del Consejo de Transparencia que le insta a hacer pública la identidad de los beneficiarios y mantiene así bajo llave quiénes fueron los 55 perceptores de unas primas vinculadas, oficialmente, al cumplimiento de objetivos.

La decisión adquiere especial relevancia porque no se trata ya únicamente de una petición de información planteada por trabajadores o representantes sindicales. El Consejo de Transparencia ha intervenido en el asunto y ha reclamado que se conozca quiénes recibieron esas cantidades. Sin embargo, la dirección de EFE comunicó al Comité Intercentros que no cumplirá por ahora la resolución y que presentará un recurso administrativo. La última palabra, sostiene la empresa, debería tenerla un tribunal.

El episodio vuelve a colocar bajo el foco la gestión de la agencia pública de noticias y, especialmente, la política retributiva de su cúpula. Los datos ya conocidos permiten saber que en 2025 fueron 55 los beneficiarios y que el importe global ascendió a 688.780,92 euros. Lo que sigue sin conocerse es cuánto recibió cada uno y, precisamente, quiénes fueron los agraciados.

La cuestión resulta todavía más llamativa si se observa el contexto económico de EFE. La agencia cerró 2025 con una situación financiera delicada y acumuló pérdidas superiores a los 14 millones de euros en los primeros nueve meses del ejercicio, mientras su patrimonio negativo llegó a situarse en 47 millones. Al mismo tiempo, la dirección mantuvo un sistema de incentivos que permitió repartir casi 700.000 euros entre quienes tenían responsabilidades dentro de la compañía.

El presidente de EFE, Miguel Ángel Oliver, percibió en 2025 un total de 191.044,74 euros, de los que 53.025,66 euros correspondieron a esta retribución variable. Oliver llegó a la presidencia de la agencia en diciembre de 2023, después de haber sido secretario de Estado de Comunicación durante el primer Gobierno de Pedro Sánchez.

La dirección defiende que se trata de un sistema establecido desde hace años. Son los denominados DPPO, la Dirección Participativa por Objetivos, un mecanismo implantado en EFE desde 2003 y vinculado al grado de cumplimiento de objetivos y a la evaluación del desempeño. El problema que plantean ahora los sindicatos es precisamente otro: saber cuáles fueron esos objetivos y quién cobró por alcanzarlos, que, se sospecha, serán afines a la presidencia y al sanchismo.

El Sindicato Independiente lleva meses denunciando la diferencia entre la situación de la cúpula y la de buena parte de la plantilla. Según sus representantes, los salarios de muchos redactores apenas alcanzan los 27.000 euros anuales, mientras la estructura directiva se ha ampliado en los últimos años con nuevas áreas y puestos de responsabilidad. UGT también ha criticado la negativa de la empresa a facilitar la información individualizada sobre quienes perciben los DPPO. Son bonus que llegan a esos nombramientos que favorecen a afines a la presidencia de EFE, esto es afines al sanchismo.

El secretario general del Sindicato Independiente de la Agencia EFE, Javier Lizón, ha manifestado a ESdiario que “no estamos en contra de los bonus si la empresa ganase millones de euros al año que se repartiesen los bonus que se tengan que repartir, pero teniendo pérdidas no. Y, sobre todo, teniendo problemas como tenemos en delegaciones donde hay periodistas que no cobran ni mil euros. Es una desvergüenza que directivos que ya cobran sueldos altísimos a su vez cobren bonus brutales”.

No es, además, la primera vez que los bonus de EFE están en la picota. En 2024 la cúpula de la agencia recibió 645.044 euros de retribución variable, repartidos entre 49 perceptores, pese a que aquel ejercicio se cerró con unas pérdidas de 18 millones de euros. En aquella ocasión tampoco se hicieron públicos los importes individuales alegando la protección de datos personales.