Código 10 saca los colores a Sánchez: más de 115 millones para empresas de los “fondos buitre”
El programa de Cuatro cuestiona el discurso del Gobierno tras mostrar las adjudicaciones de Sareb a Aliseda y Servihabitat. El importe máximo conjunto supera los 115 millones de euros, IVA incluido.
El discurso del Gobierno de Pedro Sánchez contra los llamados fondos buitre ha encontrado un incómodo contrapunto en Código 10. El espacio presentado por Nacho Abad y David Alemán ha mostrado dos adjudicaciones de Sareb a empresas vinculadas a fondos de inversión y ha cuestionado la coherencia entre los mensajes del Ejecutivo sobre vivienda y estas contrataciones.
La conexión con el Estado es directa: el FROB controla el 50,14 % del capital de Sareb. Las adjudicaciones corresponden al consejo de administración de esta sociedad, encargada de gestionar activos procedentes de la reestructuración bancaria.
Aliseda y Servihabitat, las adjudicatarias
La primera empresa es Aliseda, vinculada a Blackstone. Su contrato fija un importe máximo de 52,46 millones de euros, IVA incluido, y una vigencia de 28 meses desde el 1 de septiembre de 2026. La documentación contempla la gestión integral de activos financieros e inmobiliarios.
La segunda es Servihabitat, que el programa relaciona con Pollen Street Capital. Código 10 explicó que esta adjudicación estaba pendiente de firma en el momento de la emisión.
La resolución de Sareb recoge 52,33 millones de euros para Servihabitat y 43,35 millones para Aliseda antes de impuestos. Con IVA, las cuantías ascienden a 63,32 y 52,46 millones, respectivamente: un máximo conjunto de 115,77 millones de euros.
Qué encargó Sareb a estas empresas
El objeto de la contratación abarca mucho más que la comercialización de viviendas. Incluye la administración de activos financieros, la gestión y conservación de inmuebles, el apoyo jurídico y las actuaciones necesarias para su venta o su transmisión a la Administración.
El contrato de Aliseda contempla expresamente que parte de los activos pueda destinarse a políticas de vivienda asequible. Es precisamente esa participación de gestores vinculados a fondos privados en el patrimonio de una sociedad bajo control público lo que Código 10 ha puesto bajo el foco.
La renovación de estas gestoras ya había sido adelantada por Europa Press. La licitación incluía tanto trabajos para preparar inmuebles destinados a Casa47 como la gestión y desinversión de otros activos. El procedimiento contemplaba dos años de actividad y posibles prórrogas.
Susana Díaz abre la puerta a rectificar
Los presentadores calificaron los documentos como “la prueba documental de la hipocresía”. La información también provocó la sorpresa de Susana Díaz, que respondió: “No me lo esperaba”. La expresidenta andaluza consideró que el Gobierno debía reflexionar y se mostró favorable a que reconsiderase la decisión.
Las adjudicaciones se resolvieron mediante un procedimiento de contratación con valoración de ofertas. La crítica planteada en Cuatro se centra en su encaje político: el Ejecutivo cuestiona a estos operadores mientras una sociedad controlada por el Estado recurre a empresas vinculadas a ellos para gestionar su cartera inmobiliaria.