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Una influencer sigue 'trabajando' desde la cárcel: polémica por sus publicaciones patrocinadas

Una conocida 'instagramera' argentina, hija de un periodista argentino, tiene acceso a su móvil desde el calabozo e incluso promociona marcas en sus posteos. Debate sobre el uso de redes sociales desde prisión

La influencer detenida Morena Rial

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Publicado por
Mariola López

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En un caso insólito que ha desatado polémica, una influencer argentina permanece activa en redes sociales mientras cumple detención preventiva en la ciudad albiceleste de Córdoba. Desde el calabozo, no solo comparte contenido con sus seguidores, sino que continúa colaborando con marcas, promocionando incluso casas de apuestas online, algo que ha generado asombro e indignación.

La joven, llamada Morena Rial y que celebró su cumpleaños tras las rejas, cuenta con más de un millón de seguidores y no ha dejado de interactuar con ellos desde su detención. Entre selfies y mensajes promocionales, sus publicaciones plantean un debate sobre el acceso a dispositivos móviles en prisión y sobre cómo es posible mantener una actividad profesional desde un entorno restringido.

El caso se vuelve más polémico por la naturaleza de algunas colaboraciones, como la promoción de servicios de apuestas, un tema especialmente controvertido por las regulaciones estrictas que afectan a este sector. Muchos se preguntan cómo alguien en su situación legal puede continuar lucrándose con actividades que requieren acceso constante a internet y redes sociales.

El sistema penitenciario argentino, mientras tanto, ha quedado en el punto de mira, acusado de falta de controles. Este episodio ha abierto un intenso debate sobre el uso de las redes sociales por parte de personas privadas de libertad y sobre las lagunas que permiten que una influencer siga generando ingresos desde el calabozo.

Más allá de la controversia, esta historia subraya cómo las redes sociales han transformado la forma en que las personas trabajan y se conectan, desdibujando límites incluso en las circunstancias más extremas. ¿Dónde está el límite entre el derecho a la comunicación y la necesidad de cumplir una condena sin privilegios?

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