Impago de pensiones alimenticias: qué vías legales existen para reclamar las mensualidades atrasadas

El incumplimiento de la obligación alimenticia por parte del progenitor obligado constituye un problema recurrente dentro del ámbito del derecho de familia en España. Cuando se producen retrasos o la interrupción total de las cuotas fijadas en sentencia o convenio regulador, la legislación habilita procedimientos eficaces para exigir las sumas adeudadas junto con sus correspondientes intereses. La elección entre acudir a la jurisdicción civil o a la penal dependerá de la persistencia de la falta de pago, la intencionalidad del deudor y el tiempo transcurrido desde el impago.

El procedimiento de ejecución forzosa en la vía civil

La vía civil representa el instrumento primario y más directo para reclamar el dinero impagado mediante la demanda de ejecución de resolución judicial. Esta acción procesal se interpone ante el mismo Juzgado de Primera Instancia o de Familia que dictó la resolución originaria y requiere obligatoriamente la intervención de abogado y procurador. A través de esta demanda, la parte ejecutante requiere formalmente el pago de la deuda principal adeudada más un porcentaje calculado para cubrir los intereses legales y las costas del proceso.

El juzgado despacha la ejecución de inmediato y requiere al deudor para que haga efectivas las cantidades pendientes. En caso de persistir la negativa o de no atender formalmente al requerimiento, el magistrado decretará el embargo de los bienes del obligado. Dicho embargo abarca sueldos, salarios, devengos, cuentas bancarias, devoluciones de la Agencia Tributaria o bienes inmuebles. 

Resulta fundamental destacar que para las deudas por alimentos no rigen los límites habituales de inembargabilidad del Salario Mínimo Interprofesional, según contempla el artículo 608 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, adaptando las retenciones al criterio discrecional del juzgado. El plazo de prescripción para ejercitar esta reclamación en el ámbito civil es de cinco años desde el vencimiento de cada mensualidad no abonada.

La vía penal y el delito de abandono de familia

Cuando la interrupción del pago obedece a una voluntad consciente y maliciosa de no abonar las prestaciones a pesar de disponer de capacidad económica, el ordenamiento jurídico tipifica esta conducta como un delito de abandono de familia. El artículo 227 del Código Penal establece que incurre en este delito quien deje de pagar la pensión durante dos meses consecutivos o cuatro meses alternos. Este proceso judicial penal puede acarrear penas de prisión de tres meses a un año o multas económicas de seis a veinticuatro meses, además del pago obligatorio de las sumas adeudadas.

La viabilidad de esta vía exige acreditar de manera fehaciente ante el juez que el impago es totalmente voluntario y no deriva de una imposibilidad económica real y sobrevenida. Si el obligado carece de ingresos ajustados por una situación objetiva de desempleo o enfermedad sin ocultación patrimonial, los tribunales desestimarán la vía penal, encauzando la controversia a la modificación de medidas en la vía civil. 

Ambas vías son herramientas procesales fundamentales para garantizar de forma integral la protección económica y la cobertura de los hijos menores en nuestro sistema legal.