La reforma judicial de Sánchez deja en evidencia a Diana Morant y le hace un 'favor' a Paco Camps

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podría hacerle un "favor" al expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, con su reforma jurídica que pretende eliminar el papel de las acusaciones populares, dejando en evidencia a una de sus ministras y secretarias generales autonómicas, Diana Morant, pues el PSPV anunció a bombo y platillo un recurso contra la absolución de Camps por el 'caso Gürtel' el pasado mes de octubre.

El anuncio de la intención de presentar recurso se formalizó el pasado 1 de octubre ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y va firmado por las exdiputadas del PSPV-PSOE, Carmen Ninet, esposa de José María Ángel ―recientemente nombrado Comisionado Especial para la Reconstrucción y Reparación de los Daños Provocados por la dana por el Gobierno― y Cristina Moreno (actual senadora).

La aplicación de la proposición de ley que ha presentado el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados para, entre otras cosas, limitar el papel de las acusaciones populares en los procesos judiciales afectaría de lleno a la propia personación del partido de Gobierno en algunas causas abiertas o recursos, como es el caso del presentado contra la absolución de Francisco Camps.

Ya, a finales de noviembre, el expresident de la Generalitat "salvó" el primer recurso después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo decidiera no presentar el recurso de casación que había llevado adelante la Fiscalía Anticorrupción contra la sentencia absolutoria del 'popular'. La nueva ley de Sánchez, a la que algunos han llamado irónicamente la "ley Begoña", podría hacer retroceder a los socialistas en este recurso contra Camps que, de ser así, acabaría, ahora sí de manera definitiva, con su "calvario" judicial de más de 10 años tras salir "airoso" y libre de todos los procesos en los que estaba implicado.

Los socialistas, que ejercieron la acusación popular en la vista, consideran que en la sentencia se ha producido infracción de precepto constitucional, al entender que se ha lesionado su derecho a la tutela judicial efectiva y la obligación de motivar las resoluciones; además de por infracción de ley o quebrantamiento de forma, según detalla en el recurso.

Entre otros argumentos, entienden que se ha apreciado indebidamente la atenuante analógica muy cualificada de confesión respecto de los acusados condenados, o que existe una "manifiesta contradicción" entre los hechos que se consideran probados, así como la "indeterminación y confusión" de sus enunciados con respecto a la participación de ciertos acusados, en oposición a la consignación de hechos con conceptos que, por su carácter jurídico, "predeterminan el fallo".

Tras conocerse la noticia de la presentación del recurso, Camps, que se mostraba tranquilo y sin miedo, veía inaudito que el Partido Socialista, "el partido de los ERE, de Koldo, de Tito Berni, de Begoña Gómez y del hermano de Ximo Puig", llevara a cabo esta acción contra su absolución, afirmando que, a lo largo de 10 años, el PSPV-PSOE había llevado una "cacería" contra su persona.

"Este tipo de actitudes define claramente al PSOE, un partido con tantísimos imputados que parece que quiere tapar sus vergüenzas persiguiendo a quien ha sido una y otra vez absuelto por los tribunales y a los jueces y magistrados", subrayaba.