El hermano de Ximo Puig, al banquillo por estafa y falsedad por las ayudas de la Generalitat

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha dictado auto de procedimiento abreviado, previo a la apertura de juicio oral, contra Francis Puig -hermano del expresidente valenciano Ximo Puig- y su socio, el empresario audiovisual Juan Enrique Adell Bover, en la causa abierta por las ayudas públicas que recibieron, entre 2015 y 2018, las productoras que administraban, por unj presunto delito de estafa y falsedad documental. En concreto, recibieron ayudas de la Generalitat gobernada por el PSOE por valor de 67.503 euros, que habrían cobrado indebidamente Comunicacions dels Ports, MasMut Produccions y Canal Maestrat.

La investigación contra el hermano de Ximo Puig y sus socios se inició en 2019 tras una denuncia por los presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y contra la hacienda pública. Tras cinco años de instrucción derivó en un presunto fraude de subvenciones. La Fiscalía Anticorrupción acusaba a Francis Puig y Adell Bover los presuntos delitos de falsedad y estafa, tesis que asume el juez que inicia los trámites para llevar al banquillo a ambos empresarios por presunta falsedad y estafa en las ayudas concedidas por la Generalitat Valenciana y de Cataluña.

El magistrado que sienta en el banquillo al hermano de Ximo Puig señala que “Francis Puig solicitó las subvenciones como administrador de Comunicacions dels Ports y Masmut Produccions. Se incorporó a la facturación empresas vinculadas, facturas duplicadas y cruzadas”. De Juan Enrique Adell Bover, socio del hermano de Ximo Puig y administrador de Canal Maestrat y la sociedad Kriol, el juez señala que “aportó facturación de sus sociedades a las subvenciones obtenidas por Francis Puig con Comunicacions dels Ports”.

El juez del caso del hermano de Ximo Puig señala que algunas las facturas puestas en duda “son verídicas, pero deben considerarse como prueba en la causa porque son facturas ciertas pero no subvencionables porque no están relacionados con la actividad subvencionada”. Es decir, Francis Puig y su socio metían todo tipo de facturas para justificar las ayudas de la Generalitat como, por ejemplo, los recibos de pagos de tasas municipales, impuestos de diferentes administraciones, facturas de gasóleo o gastos postales.

El juez del caso del hermano de Ximo Puig por tanto determina que “las conductas de ambos empresarios son relevantes en un doble aspecto, tanto cuantitativo, como en los instrumentos utilizados: facturas falsas, sociedades instrumentales, domicilios ficticios, actividades carentes de forma patente de cualquier tipo de relación con la subvención que efectivamente se obtuvo y produjo el subsiguiente enriquecimiento a favor de las sociedades administradas por los investigados Francis Puig Ferrer y Juan Enrique Adell Bover”.