Más sobre la vivienda

Los peculiares y ya celebérrimos Goya granaínos me han hecho recordar que recibí a Pedro Almodóvar, hace cinco lustros, en La Habana cuando fungía (yo, no él) como asesor ad honorem de nuestra embajada, y acababa (él, no yo) de estrenar la famosa película que me encantaría poder parafrasear en el título de esta tribuna de opinión. No me caben dudas sobre su capacidad creativa y su sentido de la oportunidad (sí de las mías), así que no me extrañó que mi amigo Pablo Otaola me comentara, con motivo de mi anterior entrega glosando la propuesta de Feijóo, que le había resultado “un poco difícil de entender”. Haré un nuevo intento por explicarme.

Sobre la importancia de la cuestión y sobre el estado del arte del asunto ahora mismo tampoco caben dudas e incluso parece haber un inusual consenso al respecto. Pretender no ya resolverlo, sino siquiera encauzarlo mediante tópicos populistas al uso, enajenando aspectos transversales que lo condicionan cuando no lo limitan hasta impedirlo, es un ejercicio de pura -y estéril- retórica.

Sin embargo abordar, modificándola, la Ley del Suelo que cursa a nivel nacional, aun cuando cada autonomía cuente con la suya propia en materia de territorio, parece necesario y hasta prioritario.

En la Proposición No de Ley de los populares, que saludaba y sigo saludando, se añade un apartado al art. 4 que establece que los instrumentos de planificación territorial -planes generales, parciales, especiales, etc.- podrán ser modificados o sustituidos sin perjuicio del mantenimiento, total o parcial, de contenidos objeto de intervención. Dicho de otra forma, sin poner toda la casa (que viene muy al caso) patas arriba y paguen justos por pecadores mediante nulidades retrospectivas y sus respectivos daños económicos. Un principio de la mínima seguridad jurídica que resulta deseable en un estado de derecho. E introduciendo en el art.11 el silencio positivo sobre la obra nueva que obligará a la administración municipal a la observancia de unos plazos que no se conviertan -como hoy ocurre- en un desprecio hacia la iniciativa privada y una humillación del emprendimiento con esfuerzo, por parte de la endémica pereza funcionarial y política.

En la misma línea un 22.bis, obligaría a la administración autonómica o estatal a emitir la habitualmente sobredimensionada y estragante receta de informes sectoriales en tiempo y forma, de manera que su ausencia no paralice sine die la tramitación del documento sobre el que deben informar. El art. 55, sobre nulidad y anulabilidad, contiene una batería de supuestos que a mi modesto entender están directamente extraídos de la realidad. Y probablemente de la jurisprudencia litigiosa. Los art. 62 y 64, sobre la acción pública y recursos, a criterio de los especialistas que he podido consultar persiguen idéntico sentido: eficiencia administrativa y seguridad jurídica. Lo que no es moco de pavo.

Y me llama la atención -poderosamente como diría el rey Juan Carlos- la propuesta de creación de una “plataforma agilizadora y facilitadora” del procedimiento de emisión de informes en el propio Ministerio de la cosa (innecesario en mi opinión).

Las modificaciones propuestas de la Ley de Enjuiciamiento Civil (año 2000, gobierno de Aznar) o de la muy reciente de Vivienda, persiguen resolver sin demagogia, ni abandono del más vulnerable, el problema de la ocupación indebida con inmediatez y defensa de los legítimos intereses del propietario. Asunto no menor causante de una retracción objetiva de la oferta de vivienda en renta, mucho más significativa por cierto que el porcentaje -ridículo en su conjunto- de viviendas de arrendamiento de corta duración, absurdamente demonizado.

Ellos sabrán, pero tengo para mí que la vivienda merece mayor atención que las señoritas o señoras que muy a menudo ocupan las intervenciones parlamentarias, directas o indirectas, de la oposición que luego el gobierno -y sobre todo el PSOE - tiene demostrada habilidad para capear. O incluso revertir sin empacho en su propio beneficio. Aunque insisto, ellos sabrán.