La Generalitat llevará a los tribunales el reparto "ilegal" de 'menas' que impone el Gobierno

La vicepresidenta del Consell y portavoz, Susana Camarero, ha anunciado que el gobierno valenciano ha iniciado los trámites para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley 2/2025, aprobado por el Gobierno central el pasado 18 de marzo, que establece criterios para redistribuir entre las comunidades autónomas a menores extranjeros no acompañados. El gobierno valenciano considera este reparto "ilegal", ya que, a su juicio, el Ejecutivo central interviene de forma directa en las competencias y obligaciones de las comunidades autónomas.

La también consellera de Servicios Sociales ha denunciado la situación de "colapso" en la que se encuentran actualmente los centros de acogida en la Comunitat Valenciana, lo que ha obligado al gobierno valenciano a realizar esfuerzos económicos superiores a los 9 millones de euros para poder acoger con dignidad a estos jóvenes. "El coste anual de las plazas es cercano a los 23 millones de euros, de los cuales la Generalitat solo recibe del gobierno 1,2 millones del programa migratorio", ha afirmado la vicepresidenta. Camarero ha asegurado que la Comunitat atendió a más de 900 menores en 2024, con una media de permanencia de entre 480 y 490 menores, lo que supone una ocupación media del 160%. "Todos estos datos hacen que nuestro sistema de protección no tenga capacidad para acoger a aquellos menores que el gobierno pretende trasladar de forma irresponsable", ha argumentado la consellera.

Además, la portavoz ha denunciado que el Gobierno pretende llevar a cabo este reparto de manera completamente unilateral, sin consultarlo con las comunidades autónomas, sin la previsión necesaria y sin financiación, lo que provocará un "maltrato institucional hacia los menores", quienes se verán abocados a situaciones de hacinamiento, lo que supone una falta de dignidad y humanidad hacia ellos.

"Solidaridad absoluta con Canarias, nosotros entendemos la situación que no solo sufre en estos últimos meses, llevamos hablado de esta crisis migratoria desde octubre de 2023. Solidaridad con Canarias, pero preocupación máxima con la situación en nuestros centros y sus menores. Yo quiero para los menores que tenemos en nuestra comunidad la máxima dignidad y calidad, para poderles dar el futuro que se merecen, por lo tanto, no voy a permitir que se hacinen" afirmaba la responsable de los Servicios Sociales valencianos. 

Camarero ha afirmado que, en el año 2024, la Generalitat tuvo que crear 122 plazas, con un coste de 6 millones de euros, para poder acoger a los menores que iban llegando a un sistema que solo contaba con 317 plazas. Ahora, el Gobierno pretende que la Comunitat, ya saturada, acoja a 500 jóvenes, el doble de las plazas que tiene en estos momentos, lo que provocaría, según las entidades que se encargan de atender estos programas de acogida, una imposibilidad para mantener los estándares en los centros. La Comunitat es uno de los territorios con mayores estándares de calidad.

Además, tampoco existen, en estos momentos, las infraestructuras de emergencia necesarias para acogerlos ni el personal, lo que no permite dar una solución de emergencia que pueda ofrecer formación e itinerarios en estos centros con el presupuesto que está dando el Gobierno de España —solo da 143 euros al día por menor, cuando a la Generalitat le están costando 218 euros—. 

Según la vicepresidenta, si la Generalitat se ciñera al presupuesto que da el Gobierno, habría menores de primera y de segunda, al igual que los trabajadores, pues unos seguirían con los estándares de calidad establecidos por la Generalitat, mientras que los otros centros de emergencia, con sus trabajadores, se regirían por los estándares que marca el Ejecutivo central.

Un parche ante la falta de política migratoria 

Para Camarero, este Real Decreto del Gobierno no es más que un parche que no acabaría con el problema de fondo, y es que, según la consellera de Servicios Sociales, la falta de política migratoria del Ejecutivo central está provocando un "efecto llamada".

"Esto es un parche; permanentemente llegan a las costas canarias menores porque hay un efecto llamada y no se ha desplegado Frontex, y las mafias campan a sus anchas. No se está trabajando en los países de origen para dar posibilidades de permanencia y no hay trabajo con la Unión Europea. Es lamentable la capacidad del Gobierno para actuar; llevamos un año y medio hablando de este problema y no ha habido ningún cambio en la política migratoria. Este reparto es un insulto a las comunidades autónomas", señalaba la vicepresidenta.

"Sánchez está mercadeando con estos niños"

Por último, la responsable de los servicios sociales valencianos ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está mercadeando con estos menores para favorecer a Cataluña y mantenerse en el poder: "No vamos a consentir que se mercadee con los niños, utilizándolos como moneda de cambio para sus chanchullos con Junts. En primer lugar, cedieron las competencias de inmigración, algo inconstitucional; aprueban un reparto arbitrario sin criterios objetivos, y el Gobierno pretende que nosotros asumamos el doble de menores de los que ya tenemos en estos momentos. Nosotros decimos no, no porque no podemos gestionarlo".