El cierre de la central nuclear de Cofrentes "colapsaría" la industria Valenciana

La Cámara de Comercio de Valencia, en un desayuno informativo con la prensa celebrado esta mañana, ha presentado el informe que ha elaborado sobre la necesidad de una moratoria para la central nuclear de Cofrentes. Este estudio ha sido presentado por Amadeo Aznar, coordinador del informe, y el presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata. La Cámara alerta de que, si se mantiene la fecha prevista para el cierre de la central —el año 2030—, la industria valenciana correría un serio riesgo de "colapso", ya que las energías renovables, en estos momentos, no tienen la capacidad suficiente para cubrir tal cantidad de suministro.

Según el informe, el cierre de la central nuclear, además, afectaría a más de 12.000 empresas valencianas y pondría en riesgo la operatividad de las industrias dependientes de la electricidad (industria química, metalurgia, cerámica, fabricación de plásticos, vehículos y papel), que suponen un 8,5 % del total del empleo de la Comunitat Valenciana. También correría peligro la viabilidad de empresas proveedoras y clientes de estas industrias con alta dependencia eléctrica, que, en conjunto, generan un total de 434.000 empleos.

Otros riesgos derivados de la clausura de esta infraestructura generadora de energía serían: poner en peligro la electrificación del parque automovilístico, generar dependencia energética, la falta de respaldo ante eventos meteorológicos adversos —cada vez más frecuentes, como danas u olas de calor—, comprometer la recaudación de impuestos, la estabilidad del precio de la energía o la pérdida de volumen de inversión.

Además, España y la Comunitat Valenciana renunciarían a su posicionamiento internacional como referentes en generación y suministro de energía nuclear. El Gobierno de España, desde el año 2019, mantiene un plan de cierre escalonado de las centrales nucleares entre 2027 y 2035. En este caso, a la de Cofrentes le correspondería el año 2030. Sin embargo, los expertos de la Cámara piden que se prorrogue este cierre hasta el año 2040, cuando las energías renovables puedan ser capaces de garantizar un suministro mínimo a las industrias valencianas dependientes de la energía.