Piden la imputación del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar Miguel Polo
La defensa de Argüeso y distintas acusaciones del proceso judicial de la dana señalan a la entidad dependiente del Ministerio por su silencio durante las horas clave de la tragedia.
Miguel Polo, presidente de la CHJ en Alginet
El proceso judicial de la dana cerca a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) dependiente del Ministerio. Tras la declaración de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, el foco se sitúa sobre el presidente de la entidad responsable de los cauces, presas y barrancos, Miguel Polo.
Como han constatado las distintas versiones de los dirigentes presentes en el Cecopi el 29 de octubre -incluida la versión de Bernabé ante la jueza- Miguel Polo no alertó de la inminente desbordamiento del barranco del Poyo pese a estar presente en la reunión. Este ha sido el motivo por el que la defensa del ex secretario autonómico, Emilio Argüeso, ha solicitado a la jueza Nuria Ruiz Tobarra su procesamiento y citación como investigado.
Polo "debe dar explicaciones del apagón informativo de la CHJ al CECOPI desde el correo de las 16:13, que obra al Folio 231 y 232 del Tomo de Avisos y Alertas, hasta el correo de las 18:43", expone el escrito de su defensa, al que ha tenido acceso ESdiario.
El abogado de Argüeso también solicita la imputación del jefe de Bomberos, José Miguel Basset Blesa, "tal y como obra en autos documentalmente y según las declaraciones de los todavía investigados, así como de doña Pilar Bernabé, debe explicar por qué retiró a los bomberos de los barrancos de la zona afectada el dia 29 de octubre sin avisar al CECOPI ni a ningún responsable de la Consellería de Emergencias".
Por las declaraciones de Bernabé también se enfrentan a una petición de imputación la coordinadora de las Emergencias de la Generalitat, Inmaculada Piles Alepuz, y la jefa de prensa Aurora Roca González". Asimismo, pide citar como testigo a Jorge Suárez Torres, subdirector General de Emergencias de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, "al cual se refirieron tanto los investigados como doña Pilar Bernabé en sus declaraciones".
La defensa de Argüeso no ha sido la única parte que ve indicios de posibles responsabilidades penales en el silencio que mantuvo la Confederación Hidrográfica del Júcar en las horas clave de la tragedia, que no durante todo el día, pues se torna imprescindible distinguir las alertas que mandó sobre distintos puntos como del río Magro o incluso del Poyo a lo largo del día, pero, como avanzó este diario, no envió ningún correo ni hubo comunicación verbal respecto a la crecida que sufrió el barranco del Poyo y la Saleta y que acabarían desbordándose, arrasando l'Horta Nord y acabando con la vida de al menos 229 personas.
Ciudadanos también ha presentado un escrito a la jueza un día antes que Argüeso, solicitando la citación a declarar de distintos altos cargos de la CHJ, no solo del presidente Miguel Polo. La acusación popular que ejerce el partido naranja incluye en su petición a Ricardo Domínguez Lillo (jefe de Policía de aguas), Manuel Torán Busutil (director técnico de la CHJ) y a Ignacio Valero Garcés (jefe del sistema de información hidrológica). También a María Isabel Albalat Asensi (alcaldesa de Paiporta).
Ya al inicio de la instrucción la asociación de afectados por la dana de l'Horta Nord solicitó la imputación del presidente de la CHJ, Miguel Polo. Una petición que la jueza rechazó, pero que deberá reconsiderar tras escuchar los distintos testimonios de los implicados en la gestión de la dana que coinciden en señalarle.