La defensa de Salomé Pradas denuncia ante el CGPJ "irregularidades" por parte de la jueza del 'caso dana'
En una queja presentada denuncia la forma en la que conduce la instrucción al detectar decisiones sin pruebas, trabas a la defensa o injerencias externas.
La exconsellera de Justicia y Emergencias de la Generalitat valenciana Salomé Pradas
La defensa de Salomé Pradas, imputada por la dana del 29 de octubre, ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en relación con la instrucción de la causa judicial instando a "tomar medidas" ante las "irregularidades" detectadas.
La queja, firmada por Eduardo de Urbano, Of Counsel de Kepler-Karst, denuncia que el derecho de defensa de la Pradas "está siendo gravemente afectado" por "la forma en la que se está conduciendo la instrucción por la Magistrada del Juzgado de Instrucción nº 3 de Catarroja (Valencia)", Nuria Ruiz Tobarra. Según explica el letrado, “la instrucción de esta causa, una de las más complejas y de mayor relevancia social de los últimos años en nuestro país, debe realizarse con pleno respeto a las garantías procesales y a los principios de imparcialidad judicial".
Sin embargo denuncia que"hemos detectado irregularidades que, a nuestro juicio, vulneran derechos fundamentales de las partes y ponen en cuestión la equidad del procedimiento”.
Entre los motivos de la queja destacan "la existencia de resoluciones judiciales que contienen afirmaciones categóricas sin base probatoria suficiente. La predeterminación del objeto de la instrucción. La denegación reiterada de diligencias solicitadas por las partes. La limitación del derecho de defensa durante las declaraciones" y "la posible intervención de personas ajenas al procedimiento judicial".
Además, se denuncia el "uso de informaciones periodísticas no contrastadas como base de resoluciones judiciales, así como la excesiva duración en la práctica de diligencias de prueba".
En palabras de Eduardo De Urbano: “El respeto a la imparcialidad y a la presunción de inocencia es esencial para mantener la confianza en el sistema judicial, como resulta de las normas procesales y los principios de Ética judicial.
Por ello, solicitamos al CGPJ que analice los hechos expuestos y adopte las medidas oportunas para garantizar un proceso justo y conforme a Derecho”.