Ayudas de la Fundación Amancio Ortega: la justificación del alcalde, la culpa de los demás y cómo el dato mata el relato

Seis meses después de la DANA que afectó gravemente a decenas de familias en Sedaví, más de un millón de euros en ayudas de la Fundación Amancio Ortega siguen sin repartirse, atrapados en un proceso opaco, lento y arbitrario diseñado por el propio alcalde. No es una opinión: es una realidad que hoy denunciamos con datos, documentos y pruebas.

Desde el Grupo Popular llevamos meses exigiendo claridad. Solicitamos por escrito al Ayuntamiento que nos informara sobre los criterios concretos que, supuestamente, marcaba la Fundación Amancio Ortega para repartir las ayudas: ¿Es obligatorio estar empadronado? ¿Se excluyen trasteros? ¿Y los vehículos afectados? La respuesta del alcalde fue decepcionante: ninguna explicación, sólo un copia-pega de unas bases aprobadas por él mismo, sin respaldo documental.

¿La verdad? La conocimos cuando, cansados de evasivas, acudimos directamente a la Fundación Amancio Ortega, que nos respondió con rotundidad: son los ayuntamientos quienes deciden los criterios de reparto, cumpliendo unos requisitos mínimos: personas físicas y máximo 10.000 euros por afectado. Todas las decisiones restrictivas las ha tomado el alcalde de Sedaví, y encima ha mentido a la población diciendo que eran “imposiciones externas”.

Incluso en un pleno municipal, el propio alcalde llegó a afirmar públicamente que no se podía ayudar a vecinos que habían sufrido daños en trasteros porque “lo decía la Fundación Amancio Ortega”. Una afirmación completamente falsa. Esa facilidad para mentir nos preocupa, y más en sede institucional, delante de concejales y vecinos, evidencia hasta qué punto gobierna con desprecio por la verdad y por la ciudadanía.

Y lo más grave es que otros ayuntamientos sí han incluido esos daños en sus ayudas. En Algemesí, por ejemplo, se han concedido más de 1,5 millones de euros incluyendo ayudas para vehículos dañados por la DANA. En Carcaixent, Chiva, Utiel o Alaquàs también han contemplado daños en enseres, trasteros, vehículos y maquinaria necesaria para el trabajo. Todos con criterios mucho más inclusivos, realistas y empáticos que los impuestos en Sedaví.

Mientras tanto, aquí el proceso avanza a paso de tortuga. Más de ocho remesas de alegaciones. Vecinos a los que se les exige justificar lo injustificable. Familias sin respuesta. Trámites farragosos. Y lo más indignante: una gestión selectiva y arbitraria en la que a unos se les pone todo tipo de trabas y a otros no.

¿Por qué el alcalde ha decidido que un vehículo dañado por la DANA no merece ayuda? ¿Por qué excluye enseres en trasteros cuando otros municipios los han aceptado sin problemas? ¿Y por qué se han olvidado de los vecinos que, pese a no figurar en el padrón, viven aquí, pagan sus impuestos y también sufrieron las consecuencias de la DANA? ¿Por qué no se han previsto criterios para atenderlos? ¿Podría certificar el Ayuntamiento que no ha incumplido sus propias bases al conceder ayudas a vecinos no empadronados? ¿Por qué tanto miedo a responder preguntas claras con documentos?

Desde el Grupo Popular exigimos lo que es justo: que se aprueben de inmediato unas nuevas bases más amplias y justas que permitan repartir todo el dinero de la Fundación Amancio Ortega restante cuanto antes. Que se incluya a más vecinos, contemplando daños reales como los vehículos, trasteros o maquinaria laboral, y que no se discrimine por el mero hecho de no estar empadronado, cuando hay personas que residen de manera continuada en Sedaví y han sufrido los mismos efectos de la DANA.

No hablamos de una cuestión política. Hablamos de justicia, de necesidad, de dignidad. Hablamos de vecinos de Sedaví que llevan seis meses esperando una ayuda que ya está en las arcas municipales, pero que no llega por la ineficacia, la opacidad y la falta de voluntad del alcalde.

Esta no es una acusación vacía. Esta es una denuncia basada en hechos, en documentos oficiales, en respuestas verificadas de la Fundación Amancio Ortega. Mientras otras localidades han actuado con agilidad, generosidad y empatía, Sedaví es hoy un ejemplo de cómo no se deben gestionar las ayudas públicas.

Y como conclusión: el alcalde está en su derecho de fijar las bases del reparto, porque gobernar es decidir. Pero lo que no puede hacer es mentir, escudarse en otros y repartir responsabilidades que solo le pertenecen a él. Si ha decidido excluir o negar ayuda por trasteros y vehículos, que lo diga. Lo que no puede es culpar a la Fundación Amancio Ortega o esconderse tras tecnicismos. Gobernar implica asumir decisiones, gusten o no. Y, sobre todo, dar la cara.

Porque cada día que pasa sin que ese millón de euros llegue a quienes lo necesitan es una irresponsabilidad política, un desprecio institucional y una traición a los vecinos de Sedaví.