Catalá salva un bloque de 134 viviendas protegidas de ser absorbido por un fondo buitre
Atendiendo la petición de los vecinos, el Ayuntamiento de Valencia opta por comprar el edificio y subrogar los contratos de alquiler vigentes
Edificio de la Generalitat Valenciana en la pedanía de La Torre REMITIDA / HANDOUT por GVA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 10/5/2025
El Ayuntamiento de Valencia ha bloqueado la operación de un fondo de inversión que iba a comprar un bloque entero de 134 viviendas protegidas, donde los vecinos se veían en la calle. Se trata de un edificio ubicado en la calle Paz Azzati Cutanda de la pedanía azotada por la dana de La Torre que el gobierno de María José Catalá ha acorado adquirir por nueve millones de euros ejerciendo el derecho de adquisición preferente.
Catalá, tras reunirse la semana pasada con los inquilinos de ese bloque de viviendas, ha confirmado que el consistorio adquirirá la finca. "Nos vamos a subrogar en los contratos de alquiler vigentes, que están en este momento en vigor y, cuando vayan venciendo, trabajaremos para que esas viviendas estén disponibles para la lista de alquiler asequible", ha detallado.
Así, los propietarios y los inquilinos de este edificio pueden respirar tranquilos, pues se enfrentaban a las consecuencias de la escalada de los precios de la vivienda. Siendo actualmente de protección oficial, aquellas personas en situación de vulnerabilidad que residen en estos pisos protegidos valorados en 65.000 euros tendrían que hacer frente al reto de encontrar nuevo hogar con los inasumibles 200.000 euros que cuesta un inmueble actualmente en Valencia.
"Pensamos que tras la dana y, concretamente, en una edificación como la que estamos hablando, en un entorno como La Torre, pues tendremos que hacer un esfuerzo", ha defendido la alcaldesa.
Una vez adquirido el edificio, el Ayuntamiento de Valencia "trabajará" cada "realidad" de caso particular. "Hay personas que son inquilinas, otras que tienen el contrato vencido y personas a las que les vence el contrato los próximos años", ha detallado Catalá. El objetivo es regularizar la situación para que las 134 viviendas salgan al mercado como vivienda asequible "para que cualquier persona que esté en el listado de alquiler asequible pueda acceder a esta posibilidad", ha avanzado la alcaldesa.
De este modo, no solo se 'salva' este edificio y a sus vecinos de ser absorbidos por el fondo buitre, sino que también se amplía el parque público de vivienda en un contexto de escasez en la oferta y precios disparados, a lo que se suman las próximas rehabilitaciones y construcciones previstas para los vinientes años con las que se multiplicará el número de viviendas públicas accesibles.
