ASAJA cree que el Gobierno "incumple la ley" con la ubicación de la planta solar de Torrevieja

ASAJA Alicante ha mostrado su disconformidad con las ubicaciones propuestas por el Gobierno de España para la instalación de la planta fotovoltaica que suministrará energía a la desaladora de Torrevieja y ha considerado que Ejecutivo central "incumple la ley" con su planteamiento. Por ello, ha rechazado un proyecto cuya ejecución constituiría "un delito ambiental", algo "inadmisible", y "solo concebible como excusa para no conectar la desaladora con los canales del trasvase".

Al respecto, el presidente de la asociación agraria alicantina, José Vicente Andreu, ha considerado que los emplazamientos propuestos por el Ministerio de Transición Ecológica "vulneran fincas agrícolas protegidas". "Lejos solventar el problema, lo que hace el Gobierno central es moverlo a otra parte ocupando suelos de alta capacidad productiva, como planteaba el plan inicial", ha argumentado.

Dichas fincas de regadío, han subrayado desde la asociación, están declaradas de interés nacional por la Ley 52/1980, de 16 de octubre, de Regulación del Régimen Económico de la explotación del acueducto Tajo-Segura y, por tanto, es un suelo que debe estar protegido de este tipo de instalaciones que acaban precisamente con el objeto de dicha declaración.

Ante esta situación, ASAJA Alicante ha propuesto emplear suelos de secano que no cuenten con protección ambiental según la normativa europea, dado que "sí los hay disponibles en el área elegida" y "lo único que hace falta es analizar mejor el territorio".

Asimismo, la entidad ha asegurado que este hecho constituye "una muestra más de un Gobierno que tiene como objetivo dañar al sector primario, fruto de la obcecación del Ministerio por acabar con la agricultura más productiva del país, el regadío del Levante español".

Sin embargo, para ASAJA esta circunstancia "no es aislada", dado que se trata de un "despropósito tras otro" y forma parte de una "larga lista que llevamos soportando los agricultores alicantinos, como la aplicación de unos caudales ideológicos, que no ecológicos, que se usan como ariete para reducir el agua que se trasvasa a la cuenca del Segura, sin beneficiar a nadie a cambio".

"Otro ejemplo más --prosigue-- es la falta de voluntad real de realizar las infraestructuras hídricas necesarias como las tuberías que lleven el agua desalada a todos los regantes, proponiendo un proyecto no ejecutable desde el punto de vista ambiental".

Por todo ello, Andreu ha rechazado que se proponga un proyecto cuya ejecución constituiría "un delito ambiental", algo "inadmisible", y "solo concebible como excusa para no conectar la desaladora de Torrevieja con los canales del trasvase y, con ello, poner en mayores dificultades a los regantes".