¿Cómo avanza la instrucción del caso de la dana? Esto es lo que han dicho los testigos hasta ahora

Han pasado seis meses desde que el 'caso dana' comenzara su andadura. Una macrocausa para determinar posibles responsabilidades penales por la muerte de 229 personas en la riada del 29 de octubre. Desde que se inició la fase de instrucción hasta ahora, por el juzgado han pasado casi 300 testigos -víctimas, afectados, alcaldes, técnicos- y dos imputados. Con un volumen de declaraciones de gran magnitud, tomadas por separadas son piezas de un puzle complejo, pero analizadas en su conjunto van componiendo el relato y revelan la hoja de ruta de la investigación.

¿Cómo se originó el procedimiento? Dos días después de la histórica tragedia, el sindicato Manos Limpias presentó una denuncia. Acusaba de homicidio e imprudencias graves tanto a la Generalitat Valenciana como a los organismos estatales competentes de la climatología y los caudales de los barrancos respectivamente, la Aemet y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Tras la apertura de diligencias y unos pasos procedimentales, la instrucción acabó recayendo sobre el Juzgado nº2 de Catarroja. La jueza Nuria Ruiz Tobarra que arrancó oficialmente la instrucción en el mes de enero. 

Durante los primeros dos meses, con un ritmo frenético, la jueza comenzó a tomar declaración a decenas de afectados, encargando asimismo documentación, entre otra, la cronología de los hechos a la Guardia Civil. El 10 de marzo fue una fecha clave. Con un contundente auto criticó la tardanza en la convocatoria del Cecopi y del envío de la alerta masiva a la población (ES-Alert) que llegó a las 20:11 cuando la riada ya había engullido la provincia de Valencia. El auto marcó lo que viene siendo hasta el momento la principal línea de investigación. La instructora se centra en dirimir responsabilidades sobre los responsables de Emergencias por la tardía reacción de un SMS, imputando por delito de homicidio a la entonces consellera Salomé Pradas y su número dos -por el mero hecho de serlo- Emilio Argüeso (10 de marzo).

Dentro de esta línea de investigación, la única que avanza por el momento, han sido clave distintos testimonios de profesionales técnicos que trabajaron aquel fatídico día. Pese a los debates externos originados entorno a las competencias o codirección Generalitat-Gobierno del Cecopi, hay una cuestión que va tomando forma: quienes son los responsables de que la población no estuviera advertida de la riada que se les venía encima. 

Dos de los técnicos de Emergencias, así como el jefe de la Aemet han puesto de manifiesto entre mayo y junio que la autoría del SMS de alerta recae sobre exconsellera Salomé Pradas. Si los técnicos de Emergencias han señalado a su 'jefa', esta y su número dos de la Conselleria armaron su defensa apuntando a las decisiones tomadas aquel día fueron conjuntas en el Cecopi con gran peso de la influencia de los técnicos. En otras palabras, unos se señalan a los otros y sálvese quien pueda.

El problema de raíz es que no había información aquel día, según el argumento no solo de los imputados, sino también de los propios técnicos de Emergencias y de los organismos estatales que proporcionan la información. A día de hoy, continúa resultando asombrosamente inexplicable que no se haya previsto la avenida de agua en l'Horta Sur teniendo en cuenta lo que acontecía horas antes río arriba en Utiel. El 6 y 10 de junio, en sede judicial, dos de los técnicos de protección civil aclararon que la atención de las autoridades estaba puesta en la posible rotura de la presa de Forata. Incluso que el ES-Alert se planteó inicialmente para esta situación, no otra.

¿Por qué pasó desapercibido el barranco del Poyo hasta que ya fue demasiado tarde? Por un lado, la declaración del director de climatología de la Comunidad Valenciana a fecha del 2 de junio fue una pieza fundamentan en el procedimiento. Los datos de precipitaciones de la Aemet superaron las previsiones y él, José Ángel Núñez, reconoció que "gestionar con datos exactos es una fantasía". Su careo con la jueza sorprendió tanto que Argüeso pidió que le hicieran un análisis forense como si de un loco se tratase. Una petición que la jueza rechazó, pero que refleja la tensión en la instrucción del caso. Distintas acusaciones han solicitado la imputación del jefe de la Aemet apreciando en él responsabilidades penales. La de Manos Limpias, por ejemplo, ha caído en saco roto y la emitida por parte de Valores ha sido rechazada. La jueza admite la tesis de la Aemet que no tiene en cuenta el fallo en la previsión de lluvias, viendo suficiente la activación del código rojo en el mapa meteorológico.

Esa falta de información procedería también por parte de la fuente de la que se nutría el Cecopi para conocer la situación de los barrancos, la CHJ. El presidente Miguel Polo acudió a la Ciudad de la Justicia de Valencia el 24 de abril en calidad de testigo. La misma que mantiene aún pese a las distintas peticiones de imputación que se han formulado. Ya no solo de acusaciones populares, sino que lo piden las propias víctimas de la dana que presentaron un recurso el 14 de mayo, señala a Miguel Polo como responsable (CHJ) por su silencio letal. Las víctimas de la dana ponen el foco en que no advirtió de la avenida en el centro de mando pese a estar en la reunión. Pero la instrucción tiene en cuenta los avisos automatizados emitidos por el sistema SAIH entre las 16.13 y las 18:43 para rechazar que existiera un 'apagón informativo'. Posteriormente, ha sido relevante la versión aportada el 25 de junio por la técnico de protección civil que abrió el email de la CHJ a las 18:43. No vio "bandera roja" en ese aviso, sino solo datos números sin aportar la debida interpretación de su significado que determine la peligrosidad.

El veredicto de las partes sobre la responsabilidad de las únicas dos personas imputadas está en el aire. Un requerimiento por parte de la jueza para la futura unificación de las acusaciones que ha generado revuelo por el plazo de tres días que otorga ante el cual varias acusaciones han presentado recursos que actualmente se están tramitando. Desde Liberum, el 30 de abril presentaron un aplastante recurso en el que argumenta minuciosamente los motivos por los que pide la imputación de la CHJ, acusando a la jueza de "politizar" la instrucción. También se encuentra en trámite la querella interpuesta por Manos Limpias el 24 de junio acusándola de delitos de "prevaricación" e "irregularidades" en la instrucción. 

Para los próximos meses ya hay previsto un nuevo cronograma con más comparecencias de víctimas de fallecidos en la dana, además de perfiles políticos como el del presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó.