La jueza de la dana exime de responsabilidad a los alcaldes y señala a la Generalitat por el retraso en alertar a la población

La jueza de Catarroja (Valencia) que instruye el caso por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 —un episodio que se cobró la vida de 228 personas— ha subrayado en dos autos dictados este lunes la existencia de una "diferencia radical" entre la administración local y la autonómica en cuanto a la gestión de alertas y medidas de autoprotección. Con este, la magistrada exime de responsabilidad a los alcaldes, pues de lo contrario habría que investigar a todos los ediles de los municipios afectados yendo contra el derecho penal, y señala a la Generalitat por el retraso en alertar a la población

En su resolución, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra desestima el recurso de una acusación particular contra el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, por la muerte de un vecino de la localidad aquella fatídica jornada, y aclara que el objeto central de la investigación es el "aviso tardío a la población", pese a que la Generalitat disponía de "información suficiente" para activar protocolos de protección civil.

"Los alcaldes se vieron sorprendidos, no recibieron información precisa ni se les aconsejó de forma específica sobre qué medidas adoptar", afirma la jueza, destacando que la Generalitat —concretamente la exconsellera Salomé Pradas y el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, ambos investigados— tenía la competencia y los canales necesarios para coordinar la emergencia.

Ruiz Tobarra asegura que la "atribución indiscriminada de responsabilidad penal" a autoridades locales "ha de descartarse de plano", ya que supondría investigar a casi todos los alcaldes de los municipios afectados, algo que "nos situaría fuera del derecho penal".

La magistrada defiende además la actuación del alcalde de Utiel, quien adoptó medidas de protección "mucho más allá" de las recomendaciones oficiales, como el cierre anticipado de centros escolares.

El papel de la presa de Forata: "un auténtico bulo"

En otro auto, la jueza rechaza la insistencia de algunas acusaciones en vincular los fallecimientos en el barranco del Poyo con la presa de Forata, calificando esta teoría de "auténtico bulo". Subraya que la presa "no sufrió ningún desbordamiento ni rotura" y que, lejos de agravar la situación, tuvo un "efecto netamente beneficioso" al contener caudales.

La instructora recuerda que la acusación recurrente se ha personado como acusación particular y no como popular, por lo que sus pretensiones de ampliar la investigación a todos los fallecimientos y lesiones "carecen de sentido" y "desvían el foco" de la causa principal.

Con estos autos, la jueza avanza en delimitar responsabilidades en una tragedia que conmocionó a la Comunitat Valenciana y pone el foco en el papel de la administración autonómica en la gestión de emergencias.