INVESTIGACIÓN DANA
El TSJCV da la razón a Compromís obligando al Consell a entregar documentación clave sobre la gestión de la dana
Cinco sentencias reconocen que el Gobierno valenciano vulneró el derecho de los diputados al acceso a la información pública durante la emergencia.
Grupo Compromís en Les Corts
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha dictado cinco sentencias que estiman total o parcialmente los recursos interpuestos por diputados de Compromís contra la negativa del Consell a facilitar información relacionada con la gestión de la dana del pasado 29 de octubre.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal valenciano considera que el Ejecutivo autonómico vulneró el derecho fundamental a la participación política, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Española, al negar sin justificación válida el acceso a documentación solicitada por los parlamentarios.
En concreto, el TSJCV reconoce el derecho de una diputada de Compromís a obtener:
- La información transmitida por el Servicio Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
- Las convocatorias al Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrada) dirigidas al gerente de la SGISE (Sociedad de Gestión Integral de Servicios de Emergencias).
- Un informe del subdirector general de Emergencias sobre la llegada del president de la Generalitat al Cecopi el día de la dana.
Los jueces consideran que las respuestas dadas por el Consell carecen de motivación suficiente y no están fundamentadas en derecho, lo que limita el control parlamentario y la transparencia en la gestión de una crisis que dejó graves daños e importantes críticas a la respuesta institucional.
Tumba las peticiones más sensibles: llamadas y grabaciones
Sin embargo, el tribunal desestima parcialmente el recurso del síndic de Compromís, que solicitaba: El registro de llamadas entrantes y salientes del president de la Generalitat y de ocho consellers y la copia de las grabaciones de las cámaras de seguridad del Centro de Coordinación de Emergencias en L’Eliana durante el 29-O.
En este caso, los magistrados, siguiendo el criterio del Ministerio Fiscal, consideran que estas peticiones son “desproporcionadas” y podrían afectar al secreto de las comunicaciones y a la protección de datos de terceros. El TSJCV aclara que el derecho de los parlamentarios a acceder a información pública tiene límites cuando colisiona con otros derechos fundamentales.
“No puede accederse a la entrega inmediata de los registros de llamadas por existir un límite en el derecho al secreto de las comunicaciones”, detalla la sentencia. Las cinco resoluciones, notificadas este jueves, pueden ser recurridas ante el Tribunal Supremo.