José María Ángel niega las irregularidades en su proceso para ser funcionario y se declara víctima de un complot político

Lejos de aportar pruebas concluyentes para desmontar el informe que asegura la falsificación de un título universitario, el comisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, José María Ángel, ha optado por la estrategia del victimismo. En un comunicado remitido este martes, Ángel ha negado "categóricamente" cualquier irregularidad en su acceso a la Administración Pública pero sin mostrar el título universitario que se le atribuye como falso, el verdadero núcleo de la polémica que investiga la Agencia Valenciana Antifraude, simplemente unas instancias de participación en el proceso de 1983, bases de las convocatorias y las actas de sus tomas de posesión. 

El alto cargo asegura que "no ha existido ninguna irregularidad" en su entrada a la Diputación de Valencia en 1983 ni en su promoción posterior en 1986. Sin embargo, la única documentación que ha hecho pública son las bases de las convocatorias y actas de toma de posesión, es decir, papeles que no demuestran la autenticidad del título de diplomado en Archivística y Biblioteconomía que, según Antifraude, habría sido falsificado.

La respuesta de Ángel obvia lo esencial: no aporta el título bajo sospecha ni documentos acreditativos de haber cursado esa formación en la Universitat de València, como establece la denuncia. Además, esta misma mañana, la propia UV ha afirmado que esta titulación se la incorporó a su oferta de estudios en 1990, siendo la supuesta titulación de Ángel de 1985. 

Una defensa basada en el 'complot político'

En lugar de arrojar luz, Ángel ha optado por una defensa cargada de reproches. Dice no haber recibido "ninguna notificación" oficial por parte de Antifraude y acusa directamente a la Agencia de actuar por motivos políticos:

“Se ha querido poner en entredicho mi honorabilidad atendiendo únicamente a criterios de oportunidad política”, afirma. También denuncia haberse enterado de la investigación "por la prensa" y considera que se ha vulnerado su derecho a la defensa. Eso sí, ninguna mención a aportar pruebas claras que desmonten el informe de Antifraude ni explicación sobre por qué no ha mostrado públicamente el título que supuestamente validaría su acceso al puesto de funcionario hace más de 40 años.

Las declaraciones llegan tras conocerse que la Agencia Valenciana Antifraude considera falsificado el título universitario que José María Ángel habría presentado para acceder a un puesto público en los años 80. La Fiscalía ya investiga y la Diputación de Valencia, donde comenzó su carrera administrativa, estudia personarse en la causa si se abre una vía judicial.

Desde varios sectores políticos y sociales ya se exige su dimisión inmediata y la devolución de lo cobrado durante décadas si se confirma la falsificación.

Una respuesta que deja más sombras que luces

Con más de 40 años en cargos públicos, José María Ángel ha preferido defender su “honorabilidad” con palabras, no con documentos. La falta de transparencia, el silencio sobre el documento clave y la acusación de complot sin pruebas colocan al comisionado en una posición cada vez más difícil de sostener.