La Generalitat lleva al Supremo el reparto "discriminatorio" e "indigno" de menores migrantes: "cada paso que den, lo vamos a recurrir"

El Consell de la Generalitat Valenciana ha autorizado este martes a la Abogacía autonómica a interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 658/2025, por el que el Gobierno central regula el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas.

La vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha calificado el decreto de “unilateral” y de “invasión de competencias autonómicas”, y ha anunciado que el Ejecutivo valenciano “va a recurrir cada paso que dé el Gobierno en esta materia”.

571 menores para la Comunitat Valenciana, sin financiación suficiente

Según ha detallado la también consellera de Servicios Sociales en la rueda de prensa posterior al pleno extraordinario del Consell, a la Comunitat Valenciana le correspondería acoger a 571 menores con una dotación estatal de 7,4 millones de euros para tres meses, lo que representa 35 euros al día por menor, muy por debajo de los 219,85 euros diarios que, según ha afirmado, invierte actualmente el sistema autonómico.

“El Gobierno de España nos manda a los niños pero no financia su acogida digna. Nos obligan a destinar 45,5 millones de euros con una aportación mínima”, ha denunciado.

Reparto “discriminatorio” y falta de planificación

Camarero ha cargado contra la distribución territorial del decreto, al considerar que no ha sido negociada ni está basada en criterios objetivos. “A País Vasco y Cataluña les tocan cero menores, frente a los 571 asignados a la Comunitat Valenciana”, ha criticado, asegurando además que no hay previsión sobre cuántos ni cuándo llegarán los menores asignados.

También ha recordado que los centros de acogida de menores de la Comunitat están actualmente al 160% de ocupación, a pesar del incremento de 122 plazas desde el cambio de gobierno.

Recurso doble: ante el Constitucional y el Supremo

Este nuevo recurso contencioso-administrativo se suma al recurso de inconstitucionalidad que la Generalitat presentó en abril contra el Real Decreto-ley 2/2025, norma base del actual reglamento. “Cada paso que dé el Gobierno, lo vamos a recurrir”, ha insistido Camarero.

La vicepresidenta ha asegurado que tanto comunidades del PP como del PSOE rechazan esta medida impuesta por el Ejecutivo central, al que ha acusado de “incapacidad para gestionar la política migratoria” y de querer “trasladar 4.000 menores no acompañados a la península sin consenso”.