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Generalitat da de baja casi 12.000 pisos turísticos ilegales en un año y prepara una nueva oleada de bajas
En total, la Comunitat Valenciana cuenta con 94.259 VUT registradas oficialmente. La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha anunciado que ya está en marcha una tercera fase de depuración con más de 7.000 bajas previstas.
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La Generalitat Valenciana ha dado de baja 11.952 viviendas de uso turístico (VUT) del registro autonómico durante el primer año de aplicación de la nueva normativa que regula este tipo de alojamientos. El motivo: incumplimientos como la falta de referencia catastral o de número de identificación fiscal.
La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha anunciado que ya está en marcha una tercera fase de depuración con más de 7.000 bajas previstas, y que el objetivo es que a finales de 2025 el registro esté “completamente actualizado y depurado”.
Desde que entró en vigor el decreto-ley 9/2024, el 9 de agosto de 2024, también se han inscrito 8.579 nuevas viviendas turísticas, casi el doble que en el periodo anterior. Solo entre enero y julio de 2025 se han registrado 4.688 nuevos inmuebles:
- 3.391 en Alicante
- 1.506 en Valencia
- 791 en Castellón
En total, la Comunitat Valenciana cuenta con 94.259 VUT registradas oficialmente.
Una norma para controlar y ordenar el sector
Cano valora de forma positiva el impacto de la ley, que ha supuesto “una profunda transformación en uno de los subsectores turísticos más relevantes y dinámicos de nuestra economía”, y ha permitido avanzar en legalidad, control y sostenibilidad, combatiendo el intrusismo y mejorando la convivencia vecinal.
En 2024, el plan de inspección turística aumentó un 33% las inspecciones, con más de 450 actuaciones contra la economía sumergida. En 2025 se han sumado inspecciones aleatorias para verificar requisitos como la declaración responsable, la referencia catastral individualizada o la compatibilidad urbanística.
Multas y competencias para los ayuntamientos
Uno de los avances clave de la norma es que los ayuntamientos ahora tienen potestad sancionadora. Mediante un convenio marco con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), ciudades como Valencia, Benidorm, Faura, la Font d'en Carròs, Piles y Ayora ya se han adherido.
Solo Valencia ha recaudado más de 30.000 euros en sanciones durante el primer trimestre de aplicación de la medida. Además, la Dirección General de Turismo ha organizado jornadas formativas y asesoramiento técnico para facilitar su implantación local.