Premeditación y “juliovosía” en Sedaví

En política hay dos maneras de gobernar: a plena luz del día o en la penumbra de los pasillos. Con transparencia o con ocultamiento. El equipo de gobierno de Sedaví ha vuelto a elegir la segunda, con un manual de opacidad: premeditación y “juliovosía”.

No hablamos solo de alevosía política, sino de la estrategia calculada de aprovechar el último día de julio para aprobar medidas que entran en vigor en agosto, cuando medio municipio está de vacaciones y la capacidad de reacción ciudadana es mínima.

El 31 de julio, minutos antes del Pleno de Presupuestos, el alcalde convocó para el día siguiente ,1 de agosto, una Junta de Gobierno Local extraordinaria. La excusa podría ser: no cumplían el plazo mínimo de 24 horas que exige la ley para las sesiones ordinarias. Lo llamativo: las convocatorias extraordinarias son prácticamente inexistentes, porque todos saben que los viernes hay sesión ordinaria.

Por eso cuesta entender que no se convocara en tiempo y forma y que se esperara al jueves, minutos antes del pleno, para hacerlo. Urgencia real, ninguna; intención política, toda: evitar debate y visibilidad.

La jugada es clara: utilizar el último día de julio para aprobar medidas que entrarán en vigor con agosto ya empezado, como se ha hecho también con el Presupuesto Municipal. Cuando los plazos para alegar coinciden con el momento en que menos vecinos pueden participar, lo que se busca no es consenso, sino silencio.

Y la medida no es menor: suspender licencias para transformar locales comerciales en viviendas en planta baja y para nuevas viviendas con dormitorios en planta baja. Un cambio urbanístico de gran trascendencia social, que no fue siquiera mencionado en la Comisión de Urbanismo de julio. Silencio absoluto.

Esto no es solo un error de forma: es una falta de respeto institucional. Ocultar una decisión de tal impacto a la oposición ,que también representa a miles de vecinos , demuestra desprecio democrático. Qué menos que comentarla y abrir un mínimo debate. Más aún cuando la suspensión de licencias es, por ley, provisional y, si en un año no se somete a exposición pública la revisión del PGOU, decaerá automáticamente. Tarde o temprano, este asunto deberá aprobarse en pleno, y serán esos mismos concejales excluidos quienes tengan que refrendarlo o rechazarlo.

Además, la medida carece de un elemento básico de justicia: un periodo transitorio. Un tiempo razonable para que quienes ya tienen proyectos en marcha pudieran registrarlos antes de la suspensión. Sin esa previsión, se deja a muchos con el proyecto colgado y con perjuicios económicos perfectamente evitables. Esa ausencia no es un simple descuido: es la prueba de que la decisión se aplicó como un auto, de manera precipitada y fría, confiando en que el tiempo de reacción de los afectados y de las instituciones sería mayor que la urgencia creada artificialmente por el propio equipo de gobierno. Una forma más de gobernar desde la comodidad del silencio y no desde la responsabilidad democrática.

Fuera del consistorio, la opacidad continuó: ni nota de prensa, ni anuncio inmediato en la web municipal. Y, “casualmente”, doce o trece días después, en pleno agosto y a las puertas de la festividad de la Virgen de Agosto, aparecieron las notas oficiales. El momento perfecto para que medio municipio, de vacaciones, no pueda reaccionar ni participar.

No es una técnica nueva. El PSOE la practica también en Moncloa: leyes escondidas en otras, reformas aprobadas en fechas muertas y, como hizo Pedro Sánchez, convocatorias electorales en pleno julio, calculadas al milímetro para favorecer sus intereses. En Sedaví, como en Madrid, el patrón es idéntico: gobernar de espaldas a la ciudadanía, pensando solo en el beneficio político propio.

Podemos coincidir en la necesidad de revisar el urbanismo para garantizar la seguridad. Lo que no vamos a avalar son las formas: política sin transparencia, sin debate previo, con decisiones adoptadas a contrarreloj y con la clara intención de limitar la participación ciudadana. En Sedaví, el urbanismo se decide en agosto… y en silencio. Y eso, para cualquier demócrata, es inaceptable

Pero además, hay una reflexión que no podemos obviar: prohibir nuevas viviendas en planta baja puede proteger el futuro, pero no resuelve el presente. La verdadera protección pasa por actuar en el foco del problema: canalizar barrancos, invertir en infraestructuras hidráulicas y ejecutar las obras que impidan que las inundaciones vuelvan a devastar nuestro pueblo. Porque de lo contrario, lo que estamos admitiendo es que hay vecinos de primera ,los que aún no han construido ,y vecinos de segunda , los que ya viven en bajos y entresuelos expuestos al riesgo. Y eso no es justicia, ni mucho menos seguridad.