Generalitat acusa al Gobierno de Sánchez intenta "demonizar" el sector sobre las vivienda turísticas

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "demonizar el sector turístico" y "anunciar medidas electoralistas, pero de dudosa viabilidad" al asegurar que se darían de baja 53.000 "viviendas ilegales" de uso turístico, 7.499 de ellas en la Comunitat Valenciana, para que pasen a ser "alquileres constantes, permanentes para la gente joven, las familias de este país".

"Se trata de un ataque inaudito contra la propiedad privada. ¿Cómo va a obligar el Gobierno al propietario de un inmueble a que haga lo que él quiera?", se ha preguntado Cano, quien ha subrayado en un comunicado que el Consell "estará siempre a favor de la regulación turística, pero este tipo de anuncios arbitrarios del presidente son un claro brindis al sol que, además, crea expectativas falsas sobre un problema muy real: la falta de vivienda producto de la inseguridad jurídica que crean las políticas de este Gobierno".

Cano ha recordado al Gobierno de España que las competencias en materia de vivienda turística "son autonómicas" y, sin embargo, el Ejecutivo central está anunciando "medidas en base a una norma estatal, el Registro Único de Viviendas, que está recurrida en los tribunales por varias autonomías por invasión de competencias. Cuando se califica esas viviendas de ilegales se hace en base a una regulación que ha sido cuestionada de manera reiterada incluso por informes contrarios del Consejo de Estado", ha agregado.

Así, ha lamentado que se tomen decisiones "sin ningún tipo de consenso con las entidades competentes en la materia" y que "los anuncios tengan como objetivo apropiarse de los logros que autonomías como la valenciana están realizando en vivienda y turismo reglado".

En este sentido, ha subrayado que la Comunitat Valenciana ha impulsado una nueva norma autonómica que este verano ha cumplido un año y que ha permitido "llegar a acuerdos con ayuntamientos para perseguir la economía sumergida en el turismo, cediendo la recaudación de las sanciones a las entidades locales", y que ciudades como València, Benidorm o ahora Torrevieja "han decidido asumir esa gestión".

También ha destacado que se ha avanzado en la "depuración" del registro autonómico de viviendas turísticas, que con Gobiernos anteriores "se había dejado crecer hasta superar los 100.000 pisos", y ya se han dado de baja más de 18.000 inscritos que no contaban con la documentación esencial.

De igual modo, ha recalcado que se ha reforzado la seguridad para comunidades de vecinos y arrendatarios, "con facilidades para echar a inquilinos molestos". "Estamos trabajando de la mano del sector para tener un turismo más ordenado y justo para todos, y el Gobierno de España pretende apropiarse de los éxitos de otras administraciones con una norma de dudosa legalidad", ha dicho.